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El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado, de cara a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración prevista para el próximo martes en el Palacio de la Moncloa, elevar a dicho órgano una propuesta de medidas extraordinarias y urgentes ante la reactivación de la ruta migratoria atlántica y la situación de presión migratoria que afronta Canarias, especialmente El Hierro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Canarias afronta una nueva situación de extraordinaria presión migratoria como consecuencia de la reactivación de la ruta atlántica, con un incremento significativo de las llegadas de embarcaciones procedentes de diferentes puntos de la costa occidental africana.

Esta situación afecta especialmente a la isla de El Hierro, cuyos recursos sanitarios, asistenciales y de primera atención se encuentran sometidos a una presión creciente, y plantea riesgos para el conjunto del archipiélago.

La evolución de los movimientos migratorios, con la reactivación de las salidas desde el Sur de Marruecos y el Sáhara Occidental, así como desde Senegal y Gambia, evidencia la necesidad de anticipar los escenarios de riesgo, reforzar la cooperación internacional y garantizar una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.

Canarias, por su condición de región ultraperiférica y frontera exterior de la Unión Europea, se encuentra especialmente expuesta a las consecuencias de estos movimientos. Sin embargo, la gestión de las fronteras exteriores y de los flujos migratorios constituye una responsabilidad que debe ser compartida por el Estado y la Unión Europea, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Ante la gravedad de los acontecimientos y el riesgo de que se mantenga o intensifique la presión migratoria durante las próximas semanas, resulta imprescindible que estos compromisos se traduzcan en actuaciones inmediatas, coordinadas y dotadas de recursos suficientes.

El Gobierno de Canarias propone que se impulsen las siguientes medidas:

Primero. Instar al Gobierno de España a establecer un mecanismo permanente de coordinación y seguimiento entre el Estado y Canarias, con reuniones semanales mientras persista la actual situación, que permita evaluar la evolución de las llegadas, las necesidades de recursos, el funcionamiento de los dispositivos y la ejecución de las medidas acordadas.

Segundo. Exigir la aprobación de un plan extraordinario de contingencia para Canarias que contemple el refuerzo inmediato de Salvamento Marítimo, los medios de vigilancia y rescate, los recursos sanitarios de emergencia, los dispositivos de primera acogida y los mecanismos de derivación y traslado, con especial atención a la situación de El Hierro y garantizando que la respuesta humanitaria no comprometa la prestación ordinaria de los servicios públicos a la población residente.

El plan deberá contemplar mecanismos ágiles de coordinación para facilitar la derivación ordenada de las personas migrantes a otros recursos de acogida disponibles, atendiendo a criterios de capacidad, cooperación y adecuada distribución de los recursos, con el objetivo de evitar situaciones de saturación en las islas.

Tercero. Impulsar una iniciativa diplomática urgente con los países africanos de origen y tránsito, especialmente con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, con la participación de la Unión Europea, para reforzar la cooperación policial, el intercambio de información, la prevención de las travesías peligrosas y la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

Cuarto. Demandar al Gobierno de España que solicite formalmente a la Comisión Europea la aplicación de los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo que resulten jurídicamente aplicables a la situación de Canarias. Esta respuesta deberá traducirse en compromisos concretos de apoyo operativo y financiero y en una distribución equilibrada de responsabilidades entre los Estados miembros, evitando que Canarias soporte de manera desproporcionada las consecuencias de su condición de frontera exterior de la Unión Europea.

Quinto. Solicitar a la Comisión Europea y a las agencias europeas competentes, especialmente Frontex, a través del Gobierno de España, que evalúen con carácter urgente la situación de la ruta atlántica y refuercen, en coordinación con las autoridades españolas, los medios operativos, de vigilancia y de detección temprana.

Sexto. Instar al Gobierno de España y a la Comisión Europea a garantizar que Canarias sea expresamente contemplada en el diseño y desarrollo del nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea. Este instrumento deberá tener en cuenta las singularidades geográficas y operativas de las regiones ultraperiféricas y permitir una respuesta rápida ante situaciones de presión migratoria extraordinaria en las fronteras marítimas e insulares.

Séptimo. Promover, una vez que se constituyan las Cortes Generales, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la normativa conexa, con el fin de restablecer la posibilidad de perseguir penalmente, bajo el principio de jurisdicción universal, los delitos de homicidio o asesinato cometidos e n alta mar, especialmente en el contexto de la inmigración irregular.

Octavo. Insta al Gobierno de España a la aprobación de un paquete extraordinario de medidas económicas, fiscales y de apoyo al empleo para la isla de El Hierro, destinado a compensar las consecuencias de la presión migratoria sobre su actividad económica, sus servicios públicos y su tejido empresarial. Estas medidas deberán contemplar ayudas directas a empresas y autónomos, incentivos fiscales, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y financiación extraordinaria para las administraciones públicas, tomando como referencia las actuaciones aprobadas por el Estado para Ceuta ante una situación de emergencia migratoria y adaptándolas a las singularidades económicas, sociales y territoriales de El Hierro.

Noveno. Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Interministerial de Inmigración a través del presidente de Canarias.

El Gobierno aprueba un decreto ley con los requisitos mínimos del uso turístico de viviendas como actividad clasificada

• Modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las islas verdes

• Establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica y refuerza el régimen especial de El Hierro, La Gomera y La Palma

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley con los requisitos mínimos de uso turístico de vivienda como actividad clasificada, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ejerce esta competencia. El decreto ley modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes, clarificando el régimen aplicable y el impulso de medidas recogidas para estas islas.

Con su aprobación, el Gobierno de Canarias completa y clarifica aspectos esenciales del marco regulatorio de las viviendas vacacionales, estableciendo requisitos técnicos concretos, ampliando los plazos de adaptación y contemplando soluciones específicas para las realidades diferenciadas de las islas.

El objetivo es facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación turística y aportar seguridad jurídica a los titulares de viviendas vacacionales y a las administraciones responsables de su ordenación y control. En este sentido, establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica.

Actividad clasificada

La nueva regulación fija el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares de viviendas vacacionales para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas.

Entre los requisitos figuran los planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación relativa a la primera ocupación, acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda y medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación. También se establecen exigencias específicas para las viviendas que dispongan de piscina y para las condiciones de acceso.

Estos requisitos servirán igualmente para las nuevas viviendas que pretendan iniciar la actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.

Una de las principales medidas es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada. Esta medida afecta a quienes ya desarrollaban la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y tienen pendiente completar su regularización administrativa.

La ampliación responde a la necesidad de concretar los requisitos técnicos exigibles y garantizar que los propietarios dispongan de las condiciones necesarias para cumplir sus obligaciones, evitando que la falta de desarrollo normativo pueda impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en el régimen transitorio.

El decreto ley establece que las viviendas vacacionales que no cumplan con la obligación de regularización dentro del plazo previsto podrán continuar desarrollando su actividad durante cinco años adicionales. Transcurrido ese periodo, deberán cesar en el uso turístico.

Por otra parte, la norma refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos insulares. Los ayuntamientos deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas. Estos planes tendrán una duración máxima de cuatro años.

Islas Verdes

El Gobierno refuerza el tratamiento específico de El Hierro, La Gomera y La Palma, reconociendo la aplicación directa y preferente de la Ley 14/2019, de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas.

El decreto ley establece que las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables en las Islas Verdes hasta el 13 de diciembre de 2030, respetando durante este periodo el régimen especial vigente.

El decreto ley incorpora también una medida específica para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021. Estos inmuebles podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos inherentes, sin que les resulte exigible el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva Ley.

Además, se reconoce la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de las viviendas originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable. Esta medida evita que la nueva regulación se convierta en un obstáculo añadido para la recuperación económica y social de las personas afectadas por la erupción.

El presente decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, teniendo efectos retroactivos a 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.

El Gobierno aprueba un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma

• Introduce cambios en materia de vivienda, urbanismo y agricultura

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma. La norma modifica cuatro disposiciones legales aprobadas tras la erupción volcánica de 2021 con el fin de atender determinadas situaciones surgidas durante su aplicación, especialmente en lo relativo al alojamiento de las personas damnificadas, la reconstrucción de edificaciones, la ordenación del territorio y el restablecimiento de las actividades económicas y agrarias afectadas.

Entre las novedades se encuentran la posibilidad de trasladar a las familias aún alojadas en viviendas prefabricadas a otras de carácter convencional, nuevas condiciones para la reubicación de edificaciones y explotaciones agrarias, compensaciones para determinados propietarios afectados por la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras a otros productores.

Alojamiento temporal y reconstrucción de viviendas

En materia de vivienda, el decreto-ley contempla que las personas que actualmente residen en casas prefabricadas (casas contenedor o de madera) puedan ser trasladadas a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo o los ayuntamientos, siempre que mantengan los requisitos que determinaron su realojo, conservando esta ocupación su carácter temporal hasta que se produzca la adjudicación definitiva conforme a la legislación aplicable.

Asimismo, se modifica la regulación sobre segregación de parcelas en suelo rústico para contemplar expresamente aquellos supuestos en los que la vivienda ya se encuentre construida, permitiendo segregar la superficie edificada del resto de la parcela a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Propiedades afectadas por el futuro espacio natural protegido

Una de las novedades recogidas en el Decreto-ley es el establecimiento de una compensación económica complementaria para las personas cuyas propiedades queden definitivamente incluidas en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, como consecuencia de esta protección, no puedan reconstruir en sus parcelas originales, de modo que la cuantía se determinará atendiendo al valor de compraventa de terrenos aptos para la reconstrucción dentro de la colada y al uso que tenían los inmuebles antes de la erupción.

Para estos propietarios también se contempla la posibilidad de reubicar las construcciones, instalaciones y actividades existentes antes del volcán en otros terrenos de la isla, tanto dentro como fuera de la colada, extendiéndose además hasta el 31 de diciembre de 2030 la vigencia del régimen especial previsto en el Decreto-ley 1/2022 para las personas comprendidas en estos supuestos.

Edificaciones industriales, comerciales y turísticas

En relación con las actividades económicas, la norma incorpora una regulación específica para los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la erupción, cuyos propietarios podrán reubicar las edificaciones en otras parcelas de La Palma sobre las que dispongan de derechos suficientes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Explotaciones agrícolas y sector platanero

En materia agraria, la nueva norma modifica las condiciones de reubicación de las explotaciones afectadas por la lava, contemplando distintos supuestos que permiten trasladarlas a otras parcelas dentro de la colada y, cuando se cumplan los requisitos establecidos, a terrenos agrícolas situados en otras zonas de La Palma, incluyendo las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad.

Entre las modificaciones se encuentra también la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras afectadas por la erupción a otros productores, que podrán asumir los derechos y obligaciones de sus anteriores titulares, incluidas las cantidades de referencia correspondientes a las explotaciones y las ayudas del POSEI, en los términos previstos por la normativa aplicable.

En estos casos, los adquirentes deberán comprometerse a restablecer la actividad agraria en un plazo de dos años y mantener posteriormente las explotaciones en producción durante un mínimo de cinco años, estableciéndose igualmente las condiciones para su reubicación y la imposibilidad de acumular las cantidades de referencia de la finca afectada con las correspondientes a la nueva parcela.

Actualización de la zonificación

El Decreto-ley modifica igualmente el régimen de actualización de los anexos territoriales y agrarios, contemplando que las consejerías competentes puedan adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada, de acuerdo con los informes del Cabildo Insular de La Palma, tanto en lo relativo a las zonas de reconstrucción como a las áreas destinadas a la actividad agraria.

Estas modificaciones afectan al Decreto-ley 15/2021, relativo a medidas sociales; al Decreto-ley 1/2022, sobre construcción y reconstrucción residencial; a la Ley 2/2024, de medidas territoriales y urbanísticas; y a la Ley 3/2024, de medidas agrarias, que conforman parte del marco normativo específico establecido tras la erupción volcánica de 2021.

El Gobierno aprueba un decreto con cambios normativos que buscan reforzar la eficiencia de la gestión pública

• Se trata de un paquete de modificaciones puntuales en diferentes leyes que introduce mejoras propuestas por los distintos departamentos a raíz de la experiencia de su aplicación

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto ley que incluye un paquete de cambios normativos para reforzar la gestión pública en Canarias. Se trata de modificaciones puntuales de diferentes leyes propuestas por los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma a raíz de la experiencia de su aplicación.

El decreto contiene en primer lugar un cambio legislativo mediante el que se aprueba un régimen sancionador para reforzar el cumplimiento de las normas de protección civil. Para ello, se modifica la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. El objetivo es aportar la seguridad jurídica necesaria para aplicar sanciones y multas por el incumplimiento de las normas en materia de protección civil.

En concreto, el decreto modifica la citada Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante la incorporación de un nuevo capítulo bajo la denominación ‘Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias’. Entre otras cuestiones, la norma define las infracciones, que consisten básicamente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por parte de la ciudadanía como del personal vinculado a su ejecución.

El régimen prevé multas que, en función de la gravedad de la infracción, oscilan entre los 100 euros para las más leves y los 600.000 euros para las muy graves.

El documento recoge sanciones para conductas como el incumplimiento de órdenes, prohibiciones o instrucciones durante la activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases; la negativa de las entidades privadas a cumplir sus deberes de colaboración cuando así lo requiera la Dirección del Plan de Protección Civil activado; o la realización de acciones u omisiones dolosas o imprudentes que pongan en grave peligro o causen daños a las personas o a los bienes, incluidos el personal y los medios que intervengan en la emergencia, entre otras.

Consumo y comercio

En segundo lugar, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, se modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma. El objetivo es reforzar la respuesta administrativa a las reclamaciones de consumo y mejorar la eficacia en la tramitación de los expedientes.

Para ello, se introduce por primera vez la figura de la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, lo que reforzará el papel de la administración en los procesos de reclamaciones de consumidores y usuarios, y garantizará la posibilidad de satisfacción material de las pretensiones de los consumidores que opten por emplear este sistema. Se reordenan asimismo las competencias sancionadoras entre los distintos órganos del centro directivo de Consumo, y se adaptan los plazos de prescripción de infracciones y sanciones a la realidad del proceso administrativo, a fin de garantizar la eficacia de los procedimientos.

También a propuesta de la Consejería de Economía, la norma aprobada en Consejo de Gobierno modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de regulación de la actividad comercial en Canarias y la licencia comercial.

Este cambio legislativo mantiene el número de diez domingos y festivos de apertura anuales en Canarias, pero se introduce una excepción: las respectivas comisiones insulares de comercio podrán proponer para su isla un aumento de hasta dos domingos y festivos al año, lo que abre la posibilidad de apertura de hasta doce domingos y festivos anuales en la isla que así lo proponga.

Además, se introduce la posibilidad de que centros comerciales y establecimientos comerciales con superficie de venta superior a 300 m², en lugar de abrir los domingos y festivos fijados por la Consejería competente en materia de comercio, puedan determinar libremente los diez o, en su caso, doce domingos y festivos que abrirán cada año, en cada municipio en el que tengan establecimientos abiertos al público, debiendo comunicar el calendario elegido cada año a la administración y al público en general.

El decreto recoge asimismo las siguientes modificaciones en el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de regulación de la actividad comercial en Canarias y la licencia comercial:

• Se simplifica y agiliza, por otra parte, la tramitación administrativa de la licencia comercial, adaptándola a los criterios de simplificación que rigen actualmente a nivel autonómico, estatal y europeo. También se establece la comunicación comercial previa para aquellos establecimientos que, de forma discontinua superen en cada isla el número de metros de superficie comercial que determina la exigencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad.

• Se elimina el carácter preceptivo de determinados informes sectoriales, y se habilita la tramitación simultánea de la licencia comercial y de los títulos habilitantes de competencia municipal.

• Se actualiza el marco normativo al comercio on line, determinando los requisitos, garantías y seguridad de la venta a distancia a través de operadores online.

• Se le da contenido jurídico al concepto hasta ahora indeterminado de zona comercial abierta, y se determina el contenido y objeto de los Planes Directores Insulares de zonas comerciales abiertas, mercados tradicionales y hostelería, como instrumentos estratégicos y de planificación a nivel insular.

• Se extiende la política de fomento y promoción de las zonas comerciales a los servicios de bares, restaurantes y hostelería en general, que pasan a ser parte integrante de las mismas, a los efectos de poder desarrollar programas específicos para esta rama de actividad, impulsando el mix comercio – restauración – ocio y convertir a las zonas comerciales en focos de experiencias integrales positivas para sus visitantes.

También para mejorar la eficiencia en la gestión pública, se amplía de tres meses a un año el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores en materia de industria, con el objetivo de evitar la caducidad de expedientes complejos y mejorar la eficacia de la actuación administrativa. El nuevo plazo se aplicará únicamente a los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor del decreto-ley.

Mejoras para el sector pesquero

El Gobierno de Canarias también simplifica a través de este decreto los procedimientos para impulsar las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero. Para ello, se introducen modificaciones en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, favoreciendo nuevas oportunidades económicas para los profesionales del sector.

La nueva regulación adapta la normativa autonómica a los acuerdos alcanzados en 2020 en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, y proporciona mayor seguridad jurídica para el ejercicio de estas actividades complementarias a la pesca y la acuicultura.

Entre las principales novedades destaca la sustitución del anterior régimen de autorización por un procedimiento de comunicación previa al inicio de la actividad, que permitirá agilizar su puesta en marcha, manteniendo los requisitos legales y las condiciones de seguridad exigibles.

Para ello, las personas interesadas deberán presentar una comunicación ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, acompañada de una memoria descriptiva de las actividades previstas y de los recursos que se emplearán, así como de una declaración responsable relativa a las autorizaciones correspondientes a otras administraciones y la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Asimismo, el decreto-ley establece que los ingresos obtenidos por las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones, concesiones o licencias de pesca o acuicultura mediante estas actividades complementarias no podrán superar, en cómputo anual, los procedentes de su actividad principal. Esta limitación garantiza que las iniciativas vinculadas al turismo mantengan su carácter complementario respecto de la actividad pesquera o acuícola.

La modificación contempla también la inscripción de oficio en un registro administrativo autonómico de las personas, embarcaciones e instalaciones que desarrollen estas actividades, con el fin de facilitar su identificación y seguimiento.

Por otra parte, se adapta el régimen de infracciones y sanciones al nuevo procedimiento de comunicación previa. En este sentido, se tipifican como infracciones graves el ejercicio de estas actividades sin haber presentado la correspondiente comunicación o la superación del límite de ingresos establecido, con sanciones que pueden incluir la inhabilitación por un periodo de hasta tres años. Asimismo, la presentación de información falsa se contempla como infracción muy grave, que puede conllevar la prohibición de ejercer estas actividades durante un periodo de hasta cinco años.

Con estas modificaciones, el Gobierno de Canarias actualiza el marco normativo para favorecer la diversificación de la actividad pesquera y acuícola, facilitando que los profesionales del sector puedan complementar sus ingresos mediante iniciativas vinculadas al turismo y a la divulgación de su actividad, al tiempo que se promueve el conocimiento de los oficios, las tradiciones y los productos pesqueros del Archipiélago.

Impulso al sector audiovisual

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una modificación del Decreto 18/2009, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Su objetivo es para actualizar las condiciones de obtención de los certificados audiovisuales canarios. La reforma establece requisitos específicos para documentales y cortometrajes, para adecuar la normativa a las características de estas producciones y reforzar su vinculación con la actividad económica del archipiélago.

El Certificado Canario de Producción Audiovisual acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a las condiciones específicas de deducción fiscal previstas para estas inversiones en Canarias. La modificación precisa cómo deben acreditar los documentales y los cortometrajes el gasto realizado en las islas y, cuando corresponda, la contratación de profesionales con residencia fiscal en el archipiélago.

La actualización responde a la evolución del sector y a la mayor diversidad de las obras que solicitan estos certificados. En particular, adapta las exigencias a formatos que presentan diferencias de presupuesto y tiempos de producción respecto a los largometrajes, al tiempo que aporta mayor claridad a su tramitación.

En el caso de documentales y cortometrajes con presupuesto igual o inferior a 500.000 euros, se establece la obligación de acreditar un gasto en Canarias de al menos el 80% del coste total de la producción, excluidos los gastos de publicidad y comunicación. Como alternativa, podrán acreditar un mínimo del 30% para documentales y 20% para cortometrajes, acompañado de la contratación de profesionales con residencia fiscal en las islas.

Esta segunda opción exigirá dos profesionales en determinados puestos de responsabilidad artística o de producción, como dirección, guion, composición de música original, dirección de fotografía o producción ejecutiva. Además, deberán contratarse al menos tres profesionales técnicos pertenecientes a dos equipos de trabajo diferentes.

Cuando el presupuesto del documental o del cortometraje sea superior a 500.000 euros, se exigirán los mismos requisitos salvo por el mínimo de profesionales técnicos, que será de cinco profesionales técnicos pertenecientes al menos a tres equipos de trabajo distintos.

La nueva regulación de los documentales se aplicará a aquellos proyectos cuyo inicio de rodaje sea posterior al 31 de diciembre de 2026 puesto que la reforma contempla una disposición transitoria para respetar la planificación financiera realizada por las productoras durante este ejercicio conforme a las condiciones previas.

En el caso de los cortometrajes, la modificación establece condiciones adaptadas a su menor presupuesto y duración de rodaje. Los requisitos específicos de gasto y contratación sustituirán a las exigencias generales sobre días mínimos de filmación y gasto en postproducción, facilitando que estas obras puedan obtener el certificado.

La reforma también precisa qué se entiende por procesos de postproducción y se modifican los gastos que pueden computarse para cumplir los requisitos de certificación.

Asimismo, se aclara el artículo de las condiciones para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual cuando la participación de productores canarios se limita a una aportación financiera y se concreta la documentación que debe declararse disponible al solicitar los certificados.

En cuanto a la tramitación, el plazo máximo para resolver las solicitudes de inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias pasa de uno a dos meses. Para la obtención de los certificados, se amplía de dos a tres meses. La adaptación responde al incremento de solicitudes y a los tiempos de expedición del certificado de nacionalidad española de las obras por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, documento necesario para completar estos procedimientos.

Simplificación administrativa

En el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se eximirá, por parte de Hacienda, pero a petición de esta área, a los promotores públicos y privados del pago de la tasa del Boletín Oficial de Canarias (BOC) en la publicación de las declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica.

De esta manera, la Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano ambiental competente en la emisión de estos documentos, libera a los promotores de costear los anuncios oficiales requeridos durante la instrucción ambiental de sus proyectos. El pago de la tasa quedará acotado únicamente a la fase final de la tramitación, cuando se proceda a la publicación de la autorización o licencia definitiva por parte del órgano sustantivo, acto que sí constituye el título habilitante que beneficia de forma directa al solicitante.

Asimismo, en lo que compete a la Dirección General de Energía, se modifica en el ámbito de las energías renovables el Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, a fin de adaptar los requisitos de repotenciación a la realidad del archipiélago.

Con esta reforma, la repotenciación ya no exigirá la sustitución obligatoria de los equipos por modelos nuevos, cuya elevada altura suele dificultar o impedir su implantación en las islas, pero sí estarán sujetos a requisitos técnicos y de seguridad muy específicos. Esta norma prevé que los requisitos técnicos específicos de los aerogeneradores se detallen mediante una orden posterior de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Apuesta por el patrimonio cultural

El Gobierno también ha aprobado mediante este decreto-ley una modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, con el objetivo de reforzar los instrumentos públicos de protección, conservación y salvaguarda de los bienes culturales.

La reforma responde a la experiencia acumulada durante los años de aplicación de la norma y permite corregir dificultades administrativas y jurídicas detectadas, mejorar la coordinación institucional y dotar a las administraciones de herramientas más eficaces para prevenir el deterioro o la pérdida del patrimonio.

Entre las principales novedades destaca la creación de los Bienes de Interés Patrimonial Insular (BIPI), una nueva figura de protección que sustituye a los catálogos insulares. Esta categoría permitirá a los cabildos proteger bienes que, sin reunir los requisitos para ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC), cuentan con valores históricos, arqueológicos, arquitectónicos o etnográficos relevantes para cada isla. Se establece así un nivel intermedio de protección que evita que numerosos elementos patrimoniales queden insuficientemente tutelados por no alcanzar la máxima categoría de protección.

La modificación fija una organización más clara de los niveles de protección, diferenciando los bienes de interés cultural, de ámbito autonómico; los bienes de interés patrimonial insular, competencia de los cabildos; y los bienes patrimoniales incluidos en los catálogos municipales. Esta reorganización refuerza el papel de las administraciones insulares y locales y permite delimitar mejor las responsabilidades de cada una.

Otro de los ejes de la reforma es la mejora de los procedimientos de declaración de los BIC, con una regulación más precisa de su tramitación, los efectos de la incoación, la documentación técnica, la delimitación de los bienes y sus entornos de protección. También se refuerza la coordinación con el planeamiento territorial y urbanístico, con el propósito de evitar contradicciones administrativas y ofrecer mayores garantías jurídicas tanto a las administraciones como a las personas propietarias y demás titulares de derechos.

La nueva regulación fortalece, además, las medidas cautelares para actuar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo de destrucción, deterioro o alteración de bienes culturales. Se establecen procedimientos específicos para proteger tanto los bienes que ya cuentan con algún instrumento de tutela como aquellos que, sin estar formalmente declarados o catalogados, presentan indicios suficientes de interés patrimonial. La reforma incorpora plazos y garantías para evaluar estos últimos casos y determinar si procede iniciar su protección.

En materia de vigilancia y control, se clarifican y refuerzan las funciones inspectoras del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, así como los mecanismos de intervención ante posibles infracciones. La modificación actualiza también al alza las sanciones económicas, adecuándolas a la gravedad de las conductas y reforzando su carácter disuasorio frente a actuaciones que puedan ocasionar daños irreversibles al patrimonio cultural.

La reforma contempla igualmente una protección más específica del patrimonio cultural inmaterial, reforzando la participación de las comunidades portadoras en los procedimientos de declaración y salvaguarda. Asimismo, establece nuevas exigencias de especialización técnica para los municipios de más de 100.000 habitantes y aquellos que cuentan con conjuntos históricos declarados, y abre la vía al desarrollo de instrumentos de planificación estratégica y coordinación de las políticas públicas patrimoniales.

La iniciativa ha contado con el contraste institucional de los cabildos insulares y la interlocución con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en un proceso orientado a mejorar la aplicación de la ley y fortalecer la cooperación entre las administraciones responsables de la tutela patrimonial.

Con esta modificación, el Gobierno de Canarias avanza hacia un sistema de protección más claro, preventivo y eficaz, que amplía los instrumentos de tutela, refuerza la capacidad de intervención de las administraciones y ofrece mayores garantías jurídicas. El objetivo es asegurar que el patrimonio cultural del archipiélago pueda conservarse, transmitirse y seguir formando parte de la identidad colectiva de las generaciones presentes y futuras.

Bienestar Social

A propuesta de la Consejería de Bienestar Social, se modifica el Decreto-ley 4/2025 por la que se concreta la necesidad de residencia efectiva y legal en cualquier municipio de Canarias para que la valoración de la discapacidad corresponda al Archipiélago.

Asimismo, se modifica la Ley 3/2017 de perros de asistencia, para reconocer a las personas con discapacidad con perro de asistencia que, una vez retirado este de su actividad y siempre que esté debidamente reconocido e identificado, seguirán teniendo derecho a acceder, circular y permanecer con él en los espacios y establecimientos contemplados en la Ley 3/2017.

También se establece que estas personas mantienen las mismas obligaciones que las personas usuarias de perros de asistencia, incluida la responsabilidad por los daños, perjuicios o molestias que pueda ocasionar el animal, con una excepción relativa a una de las obligaciones previstas en el artículo 15, y remite al desarrollo reglamentario la determinación de las condiciones específicas de acceso, circulación y permanencia.

Policía autonómica

Por último, a propuesta de la Consejería de Presidencia y en relación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, el decreto aprobado este lunes en Consejo de Gobierno deroga el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 2/2008, en cumplimiento del compromiso alcanzado con el Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación, al considerar que su redacción contraviene el reparto constitucional de competencias.