El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, subraya que la reducción de los cupos de distribución o el recorte de los fondos para los países fronterizos afectan negativamente al archipiélago  

El Gobierno de Canarias ha vuelto a expresar su preocupación por la hoja de ruta que está definiendo la Unión Europea para aplicar del Pacto de Migración y Asilo, un acuerdo que debe entrar en vigor el próximo mes de junio.

Los términos avanzados hasta ahora, denuncia el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, “perjudican claramente” a los territorios frontera, especialmente al archipiélago canario, que es la puerta de entrada a Europa de miles de personas que migran a través de la Ruta Atlántica.

En este sentido, Caraballo se refirió fundamentalmente al recorte de fondos de solidaridad para los países fronterizos como España anunciado por las instituciones comunitarias, lo que afecta directamente a las islas. Asimismo, considera que tendrá consecuencias negativas para el archipiélago la reducción de los cupos de distribución, que pasará de 31.000 personas a 20.000 personas.

Estas dos decisiones “van en contra del espíritu” del Pacto de Migración y Asilo, lamentó el viceconsejero, quien añadió que “las narrativas de la ultraderecha se están imponiendo en las políticas migratorias de la Unión Europea“.

A su juicio, esta situación va a suponer “un duro golpe en la aplicación del Pacto”, un texto que calificó de “necesario” para que haya una política solidaria en Europa respecto al reto migratorio.

El Gobierno de Canarias ya ha expresado sus reticencias respecto a las decisiones que está adoptando la Unión sobre el Pacto de Migración y Asilo. El presidente, Fernando Clavijo, expresó esta misma semana en el Parlamento de Canarias su “preocupación” ante las nuevas tendencias que se abren camino en la UE, después de que se aprobara el modelo italiano para crear centro de retención de migrantes en países terceros. Ante este nuevo escenario, “teme” que los territorios fronterizos se conviertan en centros de reclusión de extranjeros, asunto que podría derivar en “un gran problema” para las islas.