El Gobierno aprueba el proyecto de decreto que regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación
- El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación
- El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública
- La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.
Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.
La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.
El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.
Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.
Impulso social a la política de vivienda pública
El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.
Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.
Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.
La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.
El Gobierno aprueba la OPE de 2025 del Servicio Canario de la Salud para la estabilización de 702 plazas
- La oferta incluye 74 plazas de facultativo especialista de área, 53 de medica/o de familia, ocho de pediatra de equipo de Atención Primaria, 183 de enfermería y 115 de auxiliar de enfermería, entre otras de las categorías sanitarias y de gestión y servicios
- La OPE fue consensuada con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en el mes de noviembre
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud (SCS) del año 2025, integrada por 702 plazas de personal estatutario correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que fue consensuada en Mesa Sectorial de Sanidad, el 17 de noviembre pasado, entre la administración y las organizaciones sindicales.
La oferta de empleo se distribuye en 511 plazas sanitarias y 191 de gestión y servicios, de un total de 61 categorías profesionales diferentes, cuyo desglose se incluye en el decreto de aprobación de la nueva OPE, que fue ratificado hoy por el Ejecutivo regional y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
En la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las plazas básicas vacantes con dotación presupuestaria incluidas en las plantillas orgánicas de las once Gerencias del SCS, que no están afectadas por ofertas de empleo público anteriores, ni en situación de reserva a favor de personal fijo.
La oferta de plazas de las categorías sanitarias incluye 74 de facultativo especialista de área, 77 de médicos, de las que 53 corresponde a médica/o de familia, y el resto a otras especialidades como Admisión y Documentación Clínica, Cuidados Paliativos o Urgencias y además contempla ocho plazas para pediatra de equipo de Atención Primaria.
A estas plazas se añaden 183 de enfermería, doce de matrón/a, once de fisioterapia, 115 de auxiliar de enfermería, doce de técnica/o de auxiliar de farmacia, 26 plazas para técnicos especialistas en las especialidades de laboratorio, anatomía patológica y radiodiagnóstico, entre otras categorías profesionales.
Categorías de gestión y servicios
La oferta de plazas de las categorías no sanitarias se compone de 191, entre las que se incluyen 37 del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dieciocho de celador/a, trece de pinche, doce de limpiador/a, diez de grupo técnico de la función administrativa, diez de grupo administrativo, además de plazas para otras 34 categorías profesionales.
Con esta nueva OPE, la Consejería de Sanidad continúa la senda iniciada años anteriores para la reducción de la temporalidad en el empleo en el Servicio Canario de la Salud, mediante procesos selectivos por sistema de acceso libre, para personal de nuevo ingreso, como de promoción interna, para facilitar el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo.
En cumplimiento de la normativa vigente se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Educación aprueba una nueva oferta de empleo público docente con cerca de un millar de plazas para reforzar la estabilidad del profesorado
- La OPE de 2025 permitirá avanzar en la reducción de la temporalidad y consolidar plantillas en los centros educativos públicos de Canarias
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente al año 2025, que contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público canario.
Esta nueva oferta se enmarca en las líneas de actuación impulsadas por la Consejería para avanzar en la estabilización del empleo docente, reducir la tasa de temporalidad y garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros, favoreciendo una mayor estabilidad de las plantillas y una mejora de la calidad del servicio público educativo.
La Oferta de Empleo Público de 2025 se distribuye entre los distintos cuerpos docentes, con 466 plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; 457 del cuerpo de maestros; diecisiete del cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; siete del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; cinco del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; tres del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas – una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023 –; una del cuerpo de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y una plaza del cuerpo de Inspectores de Educación.
La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que esta OPE “responde a una planificación responsable y sostenida en el tiempo, que nos permite seguir consolidando empleo estable y ofrecer certidumbre tanto al profesorado como a los equipos directivos”. En este sentido, señaló que “la estabilidad de las plantillas es clave para reforzar la calidad educativa y dar continuidad a los proyectos pedagógicos de los centros”.
Ramírez destacó además que “esta oferta se suma al importante esfuerzo realizado en los dos últimos cursos para transformar empleo temporal en empleo estable”, un proceso que ha permitido la incorporación de 6.125 nuevos funcionarios de carrera al sistema educativo público canario tras la culminación de los procedimientos de estabilización y de las convocatorias ordinarias. “Este trabajo ha sido clave para reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad de las plantillas y ofrecer mayor certidumbre tanto al profesorado como a los centros”, añadió.
La aprobación de esta oferta no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia que combina la estabilización del empleo con la incorporación de nuevos perfiles docentes y el refuerzo de áreas estratégicas del sistema educativo, como la atención a la diversidad, la orientación educativa o la formación profesional. En este sentido, la OPE constituye una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo educativo más sólido, con profesionales que puedan desarrollar su labor con estabilidad y perspectiva de futuro.
La aprobación de esta oferta de empleo público permitirá, en los próximos meses, la convocatoria de los procedimientos de ingreso al cuerpo docente a través de las correspondientes pruebas selectivas.
El Gobierno aprueba la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo
- La unidad contará con 158 técnicos y reforzará la atención a desempleados, así como las políticas activas de empleo en todas las islas
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo (SCE) para mejorar la atención a las personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en todas las islas.
La unidad contará con 158 técnicos especializados del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Esta iniciativa da continuidad a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 31 de octubre para crear una bolsa de empleo de técnicos laborales. Gracias a esta bolsa, se seleccionarán los profesionales que formarán parte de la nueva unidad.
La Unidad Administrativa Temporal, con una vigencia inicial de tres años para el periodo 2026-2028, tendrá carácter transversal, prestando apoyo a las distintas subdirecciones del SCE y, en particular, a la red de oficinas de empleo de las islas. Entre sus principales funciones se encuentran el refuerzo de la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, la realización de diagnósticos de empleabilidad, la orientación profesional, la prospección empresarial, así como la gestión, seguimiento y control de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar.
La creación de esta unidad también da cumplimiento a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que busca mejorar la calidad de los servicios de orientación profesional, fomentar la participación en formación y reforzar la atención a las empresas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya la importante contribución de estos puestos de carácter estructural, a los que calificó como “fundamentales para el fomento de la empleabilidad”, subrayando su papel clave en los resultados históricos del mercado laboral registrados en Canarias en este último año.
Asimismo, señala que “esta medida responde a la necesidad de consolidar la atención que se presta a las personas usuarias, reforzando especialmente la atención a colectivos prioritarios, como jóvenes y personas desempleadas de larga duración, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.
Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios públicos de empleo, garantizando una atención más ágil y personalizada a personas demandantes de empleo y al tejido productivo de las islas.
El Gobierno aprueba los primeros planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General y de Justicia
- La Comunidad Autónoma avanza en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo para favorecer la igualdad entre 11.500 empleados públicos
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los primeros planes de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establecen los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución para el personal al servicio de la Administración General y de la Administración de Justicia. Ambos planes abarcan a un total de 11.500 empleados públicos, de los que 8.600 forman parte de la plantilla de la Administración General y 2.900 de la de Justicia.
Estos dos planes han sido presentados por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, en el ámbito de sus competencias, como resultado del acuerdo de Gobierno de noviembre de 2023. En dicho Consejo se fijaron cuatro ámbitos funcionales de la Comunidad Autónoma dadas las diferencias sustanciales en la Administración General, Educación, Sanidad y Justicia, así como los órganos directivos para impulsar su elaboración y aprobación durante esta legislatura.
A partir del 1 de enero de 2026, los planes de la Administración General y la Administración de Justicia, se convertirán en los instrumentos para la consecución de los objetivos fundamentales de favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres que conforman su personal y avanzar en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo.
Con carácter previo, se elaboraron los diagnósticos de la situación de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Administración General y la Administración de Justicia, que finalizaron en noviembre de 2024. Los resultados han servido como base para la elaboración de la guía y del plan de igualdad. Asimismo, se constituyeron los Comités de Igualdad para impulsar la elaboración de los planes con participación activa en el proceso.
Los Planes de Igualdad de la Administración General ha sido presentado e informado ante los Comités de Igualdad y sometido a negociación colectiva previa con los sindicatos en los ámbitos de la Mesa Sectorial de negociación de personal funcionario y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral y de Justicia, respectivamente
En los seis primeros meses del año 2026, las Direcciones Generales de Función Pública y de Relaciones con la Administración de Justicia, respectivamente, promoverán las actuaciones necesarias, incluidas las normativas y organizativas, que permitan la correcta aplicación del plan.
El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General Canaria se aplica a todo su personal y tiene un plazo de ejecución de 4 años, desde 2026 a 2029, pudiendo prorrogarse hasta la elaboración y aprobación de un nuevo Plan.
La estructura del Plan de Igualdad se organiza en torno a los ejes de intervención identificados a partir de las materias de análisis definidas para la realización del diagnóstico.
Cada eje estratégico tiene definido un objetivo general a cuyo logro se contribuirá con el Plan de Igualdad a través de la consecución de los objetivos específicos mediante la puesta en marcha de una serie de acciones determinadas.
En el eje de las personas se articulan los objetivos y las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos para la identificación de eventuales brechas de género y, en su caso, para su erradicación, así como para evitar que intervenciones aparentemente neutras puedan tener como resultado involuntario discriminaciones indirectas. Implica promover un entorno laboral seguro y libre de violencias sexistas, y fomentar la corresponsabilidad con respecto al trabajo de cuidados.
Por otra parte, están los procedimientos de trabajo en materia de comunicación y relación con entidades externas. En eje articula los objetivos y acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo relacionados con la comunicación interna y externa y la contratación administrativa.
Introducir la perspectiva de género en dichos procedimientos implica, en primer lugar, avanzar en el uso de un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y externas de la Administración General Canaria y la Administración de Justicia y, en segundo lugar, en la incorporación de cláusulas de igualdad en los procesos de contratación pública dependientes de las direcciones generales responsables (Función Pública y Relaciones con la Administración de Justicia).
El modelo escogido de mejora continua requiere de un proceso de evaluación basado en el seguimiento de los indicadores de realización de las acciones que se desarrollen anualmente, lo que permitirá tomar decisiones y, en caso de que se valore necesario, plantear reajustes.
La evaluación tiene, también, un carácter agregado, al ir acumulando la información que se obtiene cada año y que servirá de apoyo a la evaluación final. Esta será cuantitativa y cualitativa, y facilitará la identificación de las áreas de intervención y las mejoras que definirán el siguiente Plan para el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la Administración General Canaria y en la Administración de Justicia.
De este modo, la evaluación proporcionará información sobre el grado en el que se han realizado las actuaciones señaladas para cada eje de intervención y sobre el modelo de gestión utilizado; los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y las mejoras que realizar y las líneas de intervención a futuro en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Ambos planes serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El Gobierno aprueba el decreto que regula las oficinas de asistencia en registros de la Administración
- Garantiza la atención presencial con personal funcionario habilitado que actuará en representación de las personas que lo soliciten por no disponer de medios o conocimientos para relacionarse electrónicamente
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el sistema de recepción y salida de documentos, las oficinas de asistencia en materia de registros y el registro de personal funcionario habilitado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justica y Seguridad, Nieves Lady Barreto.
Esta actualización normativa ordena las oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a una relación más ágil y sencilla entre la ciudadanía y la administración, así como a la mejora continua de los procesos administrativos.
Estas oficinas permitirán a las personas que no disponen de los medios o de los conocimientos para relacionarse electrónicamente con la administración ser atendidas por profesionales de la administración pública que les apoyen y asistan de forma presencial.
La norma contempla que todas las oficinas de registro funcionen como oficinas de asistencia en materia de registros y en ellas se asista a las personas interesadas, no obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, en la presentación de solicitudes, la obtención de medios de identificación y firma electrónica, en la tramitación electrónica de sus solicitudes y en el acceso a sus notificaciones electrónicas.
Todo ello a través del personal funcionario habilitado que actuará en nombre de la persona interesada en los trámites y/o procedimientos en que se haya previsto esta habilitación. Para ello será necesario que la persona se identifique ante el personal funcionario y preste consentimiento expreso para la actuación de que se trate.
Las oficinas de asistencia en materia de registros garantizarán un acceso más sencillo a la administración, una asistencia más personalizada y la reducción de la brecha digital, al facilitar el acceso a personas que no disponen de medios electrónicos o conocimientos tecnológicos.
La norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación, periodo durante el cual se dotará a las oficinas de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para su aplicación.
El Gobierno autoriza un gasto de cuatro millones para adecuación y dotación de las nuevas Oficinas de Justicia Municipal
- Los Juzgados de Paz se transforman en aplicación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la distribución de las aportaciones dinerarias para gastos de adecuación y dotación de los espacios de las nuevas oficinas de justicia en los municipios (OJM) de 3.998.000 euros, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Conforme a lo establecido en la Ley, los Juzgados de Paz se transforman en Oficinas de Justicia municipal en la fecha de constitución prevista para cada Tribunal de Instancia, establecida en tres fases, y que finaliza a 31 de diciembre de 2025.
Los servicios que habrán de prestar estas nuevas Oficinas de Justicia en los municipios, los cuales suponen una ampliación de los que hasta ahora se prestaban en los Juzgados de Paz, por lo tanto, se hace necesario acometer una serie de actuaciones en los espacios actuales para adaptarlos a sus nuevas funciones como Oficinas de Justicia en los municipios.
En atención a esta circunstancia excepcional, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea autoriza una modificación de crédito de la aplicación presupuestaria de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en la Consejería de Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, como órgano responsable del ejercicio de las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias.
Sanidad finaliza la elaboración del proyecto del Plan de Salud de Canarias 2026-2031
- El Ejecutivo tomó en consideración el proyecto del nuevo Plan de Salud, que contiene 49 líneas prioritarias y 147 objetivos específicos, para dar respuesta a los principales retos de salud de la población canaria
- El documento se remitirá al Parlamento para su tramitación reglamentaria
El Consejo de Gobierno tomó en consideración, este martes, el proyecto de Plan de Salud de Canarias 2026-2031, cuya fase de elaboración ha terminado, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias a los efectos de su tramitación reglamentaria, conforme establece la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.
El Plan ha sido coordinado desde la Unidad de Apoyo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS), con el soporte de un Comité Técnico Asesor y el trabajo en red de múltiples profesionales de distintos ámbitos, y se ha elaborado mediante un proceso participativo.
Este proceso ha incorporado las aportaciones de los Consejos de Salud de todas las Áreas de Salud del archipiélago, así como de profesionales sanitarios y no sanitarios, entidades relacionadas directa o indirectamente con el ámbito de la salud y la ciudadanía en general, a través de un periodo de información pública.
Los planes de salud son instrumentos estratégicos de planificación sanitaria que establecen las prioridades, líneas de actuación y metas, para la planificación, coordinación y articulación de actividades de promoción y protección de la salud, la prevención de enfermedades y la prestación de la asistencia sanitaria.
De ahí que el Plan de Salud de Canarias 2026-2031 se articule en torno a dos ejes fundamentales: ‘Salud en Todas las Políticas’, orientado a promover la intersectorialidad y la colaboración con otros ámbitos institucionales, y ‘Mejora de los Resultados en Salud’, centrado en los problemas de salud con mayor impacto poblacional y en el coste-efectividad de las intervenciones.
Su desarrollo se apoya en valores guía como la equidad, la eficiencia, el compromiso con la evidencia científica y la atención centrada en la persona, con el objetivo de avanzar hacia comunidades más saludables.
Cinco áreas temáticas
El Plan se organiza en cinco bloques temáticos, dentro de los cuales se distribuyen un total de 49 líneas prioritarias, desarrolladas a través de 147 objetivos específicos y 280 indicadores de evaluación, que permitirán realizar un seguimiento sistemático y una evaluación continua de su grado de cumplimiento durante el periodo de vigencia 2026-2031.Los bloques temáticos del nuevo Plan de Salud de Canarias son: ‘Promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad’; ‘Mejora de los servicios y de los resultados en salud’; ‘Envejecimiento saludable y atención a la cronicidad’; ‘Intersectorialidad’; y ‘Perspectiva transversal’, que incorpora ámbitos como la atención centrada en la persona-humanización, la modernización tecnológica, la salud laboral y la gestión eficiente de la demanda asistencial.
La información relacionada con el Plan de Salud de Canarias puede consultarse en el siguiente enlace: Plan de Salud de Canarias.
El Consejo de Gobierno tramita el anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias
- El Ejecutivo acordó hoy la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de ley, necesario para mejorar la respuesta de Canarias ante situaciones de riesgo, alertas, emergencias o crisis sanitarias
El Consejo de Gobierno acordó hoy, a propuesta de la Presidencia y por iniciativa de la Consejería de Sanidad, la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, así como solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
Para el Gobierno de Canarias resulta prioritario aprobar esta nueva ley, al tratarse de una norma indispensable para mejorar la respuesta de la Comunidad Autónoma ante situaciones de riesgo, alertas, emergencias o crisis sanitarias. La futura regulación permitirá dotar al sistema canario de salud pública de un marco normativo moderno, coherente y alineado con los modelos organizativos más avanzados, reforzando su capacidad de anticipación, coordinación y actuación eficaz.
El anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias establece un nuevo modelo de actuación orientado a reforzar de manera integral las políticas públicas de salud en el Archipiélago, con un enfoque basado en la prevención, la promoción de la salud y la protección frente a los riesgos sanitarios.
La norma impulsa una organización más ágil y eficiente del sistema, que favorece la cooperación interadministrativa, la coordinación con otros sectores implicados y la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia científica, con especial atención a la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos, la planificación estratégica y la respuesta rápida ante alertas y emergencias.
El Sistema de Salud Pública de Canarias y la Agencia Canaria de Salud Pública previstos en el anteproyecto de ley se regirán por el principio de salud en todas las políticas y por un enfoque basado en los determinantes sociales de la salud, con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de la población en el conjunto del territorio.
En este marco, la futura ley contempla priorizar la orientación comunitaria de la salud, fomentar la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales y fortalecer las funciones esenciales de la salud pública, como la prevención y promoción de la salud, la detección precoz y la alerta temprana, así como la vigilancia y la respuesta eficaz ante emergencias sanitarias, epidemias y pandemias.
Entre los objetivos de la norma se incluyen proteger, promover y mejorar la salud de la población de Canarias, tanto en el ámbito individual como colectivo; reforzar la gobernanza en salud pública, y actuar sobre los determinantes subyacentes de la salud para prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades, garantizando la equidad territorial y el acceso a prestaciones y servicios integrales.
El anteproyecto prevé, asimismo, dotar a Canarias de un Sistema de Salud Pública articulado en red, con capacidad para ofrecer respuestas coordinadas y adaptadas a la realidad de cada isla.
En cuanto a la Agencia Canaria de Salud Pública, la define como un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, encargado de la vigilancia, la evaluación y la planificación necesarias para la correcta ejecución de las políticas de salud pública por parte de las distintas administraciones, entidades y organismos.
La iniciativa legislativa se fundamenta en los principios de universalidad, equidad e igualdad, gobernanza democrática y transparente, intersectorialidad y coordinación interinstitucional, contribuyendo a reforzar la capacidad del sistema canario y de las administraciones públicas para anticiparse y responder a los retos presentes y futuros en materia de salud pública.
Información pública y participación ciudadana
La propuesta de anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública se encuentra disponible para su consulta en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias desde el pasado jueves 19 de diciembre y permanecerá en fase de información pública hasta el próximo 8 de enero, período durante el cual la ciudadanía, entidades y colectivos interesados podrán presentar alegaciones y aportaciones al texto normativo.
La experiencia derivada de la pandemia de la COVID-19, así como de otras emergencias sanitarias recientes, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con estructuras estables, especializadas y dotadas de mayor capacidad operativa en materia de salud pública. En este sentido, concurren circunstancias extraordinarias que justifican la tramitación urgente del anteproyecto de ley, con el objetivo de que pueda entrar en vigor antes de la finalización de la presente legislatura, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el Programa Legislativo y Reglamentario del Gobierno.