El Gobierno aprueba un paquete de medidas para paliar la crisis generada por la guerra de Irán

• La rebaja a cero del IGIC a los combustibles, la bonificación del Impuesto sobre combustibles a los transportistas y agricultores y las ayudas directas al sector primario e industrial, entre las prioridades del Ejecutivo

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias -centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos- no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, además dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones de euros anuales. Las acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno son:

• Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.
• Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.
• Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.
• Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.
• Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

Solicitudes al Gobierno de España

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.

Entre las principales propuestas destacan:

• La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.
• La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.
• La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
• La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.
• La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.
• La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas:

• La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.
• El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.
• El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
• La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.
• El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.

Sanidad destinará 54,8 millones a la adquisición de un suministro de medicamentos para terapias génicas

• Se trata de fármacos innovadores para tratar la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 54.804.480 euros para la adquisición de medicamentos destinados a terapias génicas de la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en hospitales del Servicio Canario de la Salud designados centros de referencia para estos tratamientos.

Se trata de nuevos fármacos, cuya financiación pública fue aprobada recientemente por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que se comprarán por primera vez por el Servicio Canario de la Salud para el tratamiento de los pacientes.

Estos fármacos innovadores están basados en genes que, por su precisión y acción correctiva o modificadora del defecto genético causante de la enfermedad, ofrecen oportunidades para tratar algunas patologías, lo que supone un avance muy significativo para la mejora de la esperanza y la calidad de vida de algunos pacientes. Asimismo, estas terapias génicas se encuentran incluidas dentro de las consideradas terapias avanzadas.

Actualmente, los hospitales universitarios Ntra. Sra. de Candelaria y Doctor Negrín están designados centros de referencia provinciales para la indicación, administración y seguimiento del tratamiento de la Hemofilia B grave, así como el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, para la indicación, administración y seguimiento de las terapias génicas de la atrofia medular espinal (AME).

El expediente de contratación agrupará la compra de todos los medicamentos financiados dentro del Sistema Nacional de Salud, que sirven de base a las terapias génicas para estas dos patologías, por un período de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

La contratación del suministro se realizará mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición, considerado el más idóneo por el elevado impacto presupuestario de las terapias génicas, la variabilidad existente en las empresas suministradoras, la posibilidad de aparición de nuevas moléculas para estas indicaciones y la agilidad administrativa de la contratación mediante la homologación de proveedores.

El sistema dinámico de adquisición ha sido utilizado en el Servicio Canario de la Salud para la adquisición de otros suministros de medicamentos, como las terapias CAR que se administran en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Las terapias génicas tienen un alto impacto presupuestario, lo que requiere de un tratamiento específico a través de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades que surgen tanto de los diversos agentes del mercado que lo pueden suministrar como de la forma de dispensación del tratamiento y de su forma de pago.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de tres explotaciones con un total de 725 cabezas de ganado

• El Consejo autoriza la actividad de estas instalaciones localizadas en Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), que suman ya un total de 36 desde el inicio de la legislatura

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 30 de marzo, la legalización territorial de tres explotaciones, que suman en total 725 cabezas de ganado, en los municipios de Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a tres explotaciones dedicadas principalmente al ganado caprino, una de las cuales se complementa con producción avícola. Con las tres aprobadas hoy, el total asciende a 36 legalizaciones desde el inicio de la legislatura.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.