La materialización de este acuerdo se enmarca en las reivindicaciones del ejecutivo canario, y en su nombre el presidente Fernando Clavijo, al gobierno del estado dentro de las negociaciones de la Agenda Canaria

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, se congratula de que, tras las reivindicaciones por parte del ejecutivo canario de los acuerdos que se enmarcan en la llamada Agenda Canaria, se haya logrado materializar la eliminación de los topes a los incentivos fiscales al sector audiovisual en Canarias.

El expediente remitido por el gobierno canario el pasado mes de julio de 2023, en el que se proponía la eliminación del tope de la ayuda fiscal ha sido clave para lograr el acuerdo del que también se habló en la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tuvo lugar el pasado 9 de abril en la sede del Ministerio en Madrid.

Hasta ahora el límite de las rebajas fiscales de las producciones en las islas no podía superar los 55 millones de euros, cuestión que hacía que se pusiera en peligro la inversión en el sector audiovisual canario, dado que una gran producción de película podía beneficiarse de una deducción de 36 millones de euros, cuantía que se descontaba del total en detrimento del resto de producciones.

Para Machín, este acuerdo “situará al archipiélago en el centro de la producción audiovisual de todo el mundo siendo un lugar atractivo para las grandes producciones, y sobre todo nos posiciona como un enclave referente en Europa para el sector audiovisual”. En este sentido, la consejera agradece “el esfuerzo y las reivindicaciones del Clúster Audiovisual de Canarias y de toda la industria por su contribución a que este acuerdo sea hoy una realidad”.

Las reivindicaciones tanto del ejecutivo canario, como del sector radican en que este diferencial canario pasara de ser una ayuda sectorial acogida al art. 54 del Reglamento (UE) 651/2014, para la que se establece un umbral de 55 millones de euros por régimen y por año, a ser una ayuda regional de funcionamiento, lo que permite que no exista un límite de deducciones anuales.

Para recibir dicha ayuda es necesaria la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual, expedido por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas Canarias que dirige Cristóbal de la Rosa, dependiente de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, que otorga el carácter de obra “hecha en Canarias”. Para obtener este certificado es preciso contratar en Canarias a una serie de profesionales con determinados perfiles y cumplir con un tiempo de rodaje mínimo; y en el caso de producciones extranjeras, deben acreditar un gasto exigido en las islas.

El sector audiovisual supone una industria en pleno auge en las islas, aumentado exponencialmente en los últimos años su inversión en Canarias, así como la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. El crecimiento del número de producciones en Canarias es la cuestión que ha supuesto la eliminación del tope de los 55 millones, asunto que se resuelve ahora con la modificación del reglamento.

“Canarias es un lugar hermoso en donde cualquier rincón es idóneo para llevarlo a la pantalla, además de contar con unas condiciones climáticas o de seguridad favorables, más allá de la cuestión económica, que nos convierten en el punto de mira de las productoras”, ha asegurado la consejera, Migdalia Machín.

Esta deducción supone un ejercicio de igualdad de oportunidades para los canarios frente al resto de ciudadanos de la Unión Europea, debido a la singularidad de región ultraperiférica de Europa, nuestra lejanía al resto del continente y la particularidad de territorio fragmentado.