El Gobierno de Canarias fija el límite de gasto en 12.143 millones de euros para el próximo ejercicio 2026

• Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de os sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

El Gobierno aprueba las directrices para la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029

• Se declara la urgencia en la tramitación del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, las directrices que marcarán la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2026-2029. Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico cuenta con un marco para dotar a las islas de un nuevo instrumento estratégico que permita afrontar con eficacia y realismo los retos actuales en materia de vivienda.

Asimismo, se ha declarado la tramitación de urgencia del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024. Esta decisión permite agilizar el desarrollo y aprobación del nuevo plan, reduciendo los plazos administrativos, pero garantizando en todo momento la participación ciudadana y la consulta a los órganos representativos locales e insulares.

El futuro Plan de Vivienda 2026-2029 tendrá una clara vocación social, poniendo el foco en los colectivos con mayores dificultades de acceso, especialmente jóvenes, mayores, familias vulnerables y trabajadores que, a pesar de tener ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado libre. También promoverá soluciones específicas para los municipios rurales, fomentando el equilibrio territorial, la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

Además de reforzar el parque público de vivienda y asegurar su uso justo y eficiente, se apostará decididamente por fórmulas innovadoras como la vivienda asequible incentivada, por el alquiler como opción accesible y estable, y por la colaboración público-privada para poner en el mercado nuevas promociones a precios razonables. La rehabilitación del parque edificado, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, la mejora de los procedimientos de adjudicación y la lucha contra la ocupación ilegal o el fraude también ocuparán un lugar central en la planificación.

El nuevo plan será concebido como una herramienta abierta y participativa, promoviendo el diálogo con las instituciones y con la ciudadanía, a través de un proceso transparente y accesible que se articulará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Además, integrará de forma transversal la perspectiva de género y la diversidad, mediante la incorporación de evaluaciones específicas desde la fase inicial.

En paralelo, se llevará a cabo un trabajo de coordinación interdepartamental, consulta técnica, evaluación presupuestaria y análisis normativo para asegurar que el plan sea viable, coherente y ajustado a las capacidades de ejecución del Gobierno de Canarias, todo ello con la máxima cooperación y coordinación del sector, las administraciones locales e insulares y los grupos parlamentarios. Una vez superadas todas las fases, el texto definitivo será elevado al Parlamento de Canarias para su pronunciamiento y, posteriormente, aprobado por el Consejo de Gobierno.

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es hoy uno de los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Canarias necesita respuestas urgentes, realistas y valientes, pero también planificadas. Con estas directrices damos un paso firme para construir una política de vivienda moderna, sensible a la realidad insular y comprometida con la hoja de cohesión social y territorial del Archipiélago”.

Asimismo, el consejero responsable del área ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias parte de un trabajo riguroso centrado en los contenidos previos y de análisis que exige la normativa para garantizar su validez y eficacia. “Durante los últimos meses, los esfuerzos se han concentrado en esa fase inicial de diagnóstico, que incluye la evaluación del grado de ejecución del plan anterior, el análisis actualizado de las necesidades de vivienda y suelo por islas, la situación del parque de viviendas deshabitadas y un estudio detallado sobre los déficits en equipamientos y servicios complementarios. Esto es esencial para priorizar las actuaciones futuras, con especial atención a los colectivos con menos recursos, y asegurar que el nuevo plan sea realista, coherente con la realidad actual y capaz de corregir errores del pasado”, ha detallado Rodríguez.

Proyectos de vivienda en El Hierro

Además, el consejero ha dado cuenta en esta sesión del Consejo de Gobierno de las previsiones de vivienda para la isla de El Hierro, con proyectos en los municipios de El Pinar y La Frontera.

En El Pinar, se trabaja en la recuperación de un edificio de dos plantas y cuatro viviendas ubicado en la calle El Chamarro, que cuenta con un grado de ejecución del 35,8 %, y que tiene un presupuesto de licitación aproximado de 522.000 euros, pendiente únicamente de la acreditación de la vigencia de la licencia de obra para formalizar la compra-venta. Por otra parte, en La Frontera, Visocan proyecta un edificio de 24 viviendas en una de las dos parcelas adquiridas, con una inversión estimada de 4,4 millones de euros. Además, asumirá la urbanización de ambas parcelas con un presupuesto de 600.000 euros. La licitación de las obras está prevista para el último trimestre del año.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto para agilizar y simplificar la valoración del grado de discapacidad

• El decreto aporta un catálogo de patologías que otorgarán, con la mera solicitud y su acreditación, un determinado grado de discapacidad sin necesidad de valoración de forma presencial
• Se amplía la prioridad desde los 6 a los 18 años, para permitir que estos menores con discapacidades superen ciertos obstáculos sociales graves, aunque su condición médica no sea grave

El Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de Decreto ley por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y convalidación posterior en el Parlamento canario.

La principal virtud de este nuevo decreto es que contempla un anexo en el que se listan una serie de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en el anexo se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial.

Además, se han contemplado perfiles prioritarios de colectivos más vulnerables, como la ampliación de la prioridad, que hasta ahora disfrutaban los menores de entre 0 y 6 años para la atención temprana, a los menores de 18 años. Con esta ampliación se pretende aportar un valor a la concesión del grado de discapacidad ya que no solo se tendrá en cuenta aspectos estrictamente médicos sino también condicionantes sociales graves que permitirán a estos menores una mejor integración mediante, por ejemplo, el acceso prioritario a becas o ciertos derechos que suavizan su incorporación en entornos como institutos o universidades.

Tarjeta de aparcamiento, de oficio

Otra novedad relevante es que se crea un procedimiento especial, vinculado al anexo, que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento tras la resolución, y evita así a la ciudadanía trámites engorrosos.

Por otra parte, se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.

Otros de los aspectos relevantes es que, por primera vez, va a existir una coordinación de la Dirección General de Discapacidad con el Servicio Canario de Salud, para poder usar sus profesionales para emisión de informe y reducir la lista de espera. Habrá, asimismo, coordinación con la Consejería de Educación, cuando se trata de menores, y con los colegios profesionales de Canarias, lo que permitirá el apoyo de profesionales específicos para completar los informes que sean necesarios.

Este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha sometido a lo establecido en la normativa estatal (RD 888/2022). En el mismo sentido, cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario han sido cotejadas con el BAREDI, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante.

El nuevo proyecto se estructura en cuatro títulos, en los se recogen el objeto y ámbito de aplicación, las competencias y equipos de valoración, el procedimiento y la revisión; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; cuatro disposiciones finales y un Anexo.

Como recoge en el Título I, esta norma se configura como un instrumento necesario para favorecer que el procedimiento administrativo para el reconocimiento del grado de discapacidad “sea más eficiente, acortando los plazos en los que la Administración reconoce esa situación de discapacidad y que este no suponga una carga para la ciudadanía, facilitando a los equipos multiprofesionales una aplicación más eficiente en el proceso de valoración y una mayor optimización de los recursos públicos, con procesos específicos de valoración”.

La aprobación de un decreto específico en Canarias se justifica de manera especial en la necesidad de atender las singularidades de un territorio insular fragmentado y por tanto garantizar un tratamiento igualitario en la atención procedimental en cada una de las islas, evitando la primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas, frente a las islas no capitalinas.

El Gobierno financia con 7 millones de euros los programas municipales de atención a la infancia y las familias

• Con esta partida, los ayuntamientos canarios mantienen sus servicios de información, promoción, prevención, detección e integración socio-familiar de la población menor y las familias

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este martes 29 de julio, ha autorizado que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financie con siete millones de euros los programas de protección a la infancia y las familias que desarrollan los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A través de esta financiación, los ayuntamientos impulsan los servicios de atención, información y asesoramiento en materia de infancia y familias; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

También financian la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

El reparto económico entre los ayuntamientos se realizará según el acuerdo adoptado el pasado 5 de septiembre de 2024, entre la Federación Canaria de Municipios y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. En ese momento se estableció un Protocolo General de orientación y actuación para el reparto objetivo de los créditos en esta materia.

Los criterios de reparto atienden a la población total de cada municipio, la población infantil, el número de menores que atienden y el porcentaje de población en desempleo.

El Gobierno autoriza el Plan Estratégico de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social para los próximos años

• Hasta 2027, FUCAS incrementará su plantilla con la contratación de 153 personas para atender el incremento paulatino de personas cuarateladas por el Gobierno, así como los nuevos encargos para realización de los PIA en Dependencia y la valoración de la discapacidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado la Planificación Estratégica de la Fundación Tutelar Canaria para al Acción Social, MP (FUCAS), 2025-2027, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Este instrumento de planificación permitirá a la Fundación optimizar su funcionamiento, mantener los servicios que presta actualmente y fortalecer su estructura con la finalidad de poder atender al incremento de necesidades en materia de personal que se prevé tener en estos servicios.

FUCAS es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ofrece servicios a personas en situación de vulnerabilidad, a través de apoyos profesionalizados y un acompañamiento activo en los ámbitos social, educativo y sociosanitario. La entidad tiene encomendada, a través de un encargo a medio propio, el servicio de gestión de medidas de apoyo a personas curateladas, gestiona centros y servicios y a partir de ahora tiene el encargo para valoración de la discapacidad, con la intención de impulsar la eliminación de las listas de espera para la determinación del grado de discapacidad.

Las previsiones de plantilla de FUCAS contemplan la contratación de 153 personas en total hasta 2027. Para lo que se refiere al encargo de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curatelas, que prevé 305 nuevas altas en 2025, otras 369 en el ejercicio 2026 y 436 en 2027, se incrementará el personal en 99 personas más (35 en este año, 28 en 2026 y 36 en 2027).

En cuanto a Servicios Generales, la planificación contempla el incremento de personal en cuatro personas en este año y en el Centro de Día los Ruiseñores en este año se ha incorporado una persona más.

Para realizar las tareas del encargo de valoración discapacidad se contratará a 27 personas, y para la ampliación del encargo de asistencia en materia de dependencia, como es la elaboración de informes PIA, se contratará a otras 22 personas. Estas contrataciones se enmarcan dentro de la estrategia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de intensificar el ritmo de eliminación de listas de espera tanto de discapacidad como de dependencia. En esta última, además, impulsará los Planes Individuales de Atención (PIA) de aquellas personas que fueron valoradas previa a la entrada en vigor del sistema monofásico de valoración y que, teniendo su grado, no disponían aún de su PIA.

Incremento en la atención de personas con incapacidad

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. La cifra de personas con medidas de apoyo judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno Canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya modificación de su capacidad ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se ha determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

A través de este Plan Estratégico se define el futuro a medio plazo de esta entidad, estableciendo las directrices de trabajo y la línea de crecimiento para poder mejorar la cobertura de atención de colectivos vulnerables.

El proyecto de envejecimiento activo contará con más de seis millones de euros para su desarrollo hasta 2027

• El Consejo de Gobierno autoriza el gasto plurianual para fomentar una aproximación lúdica y socializante a través de las fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al presupuesto plurianual que financiará la prestación del servicio para poner en marcha un proyecto dirigido a promover el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y a fomentar una aproximación lúdica al hecho de envejecer, que será llevado a cabo a través de las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas.

El presupuesto será de un total de 6.097.704.88 euros divididos en tres años hasta 2027.

En Canarias, las fundaciones de los dos clubes de fútbol profesional vienen impulsando desde hace años importantes proyectos de carácter social, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y, más concretamente, desde la Dirección General de Mayores y Participación Activa, ha puesto interés en introducir medidas que aprovechen el potencial desarrollado por las fundaciones como herramienta transformadora en el ámbito de las políticas de apoyo a las personas en el proceso natural de envejecimiento saludable.

Existen precedentes de éxito en el ámbito internacional que avalan el relevante papel del deporte con los objetivos de mejorar la imagen social del envejecimiento y la sensibilización de la sociedad al respecto. Además, se promocionará este proceso desde una óptica lúdica y socializadora; se abordará la prevención de la soledad no deseada; se incidirá en la solidaridad intergeneracional y se podrá ampliar el espectro de la población beneficiaria gracias al alcance de ambas fundaciones.

Ya la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas hacía hincapié en el concepto de envejecimiento activo aportándole un valor más allá de la referencia de estar físicamente activo, y lo ligaba a la inserción participativa en la sociedad, por lo que estas políticas de fomento de actividades socializadoras y de actividad física se alinean con las recomendaciones internacionales para la mejora de la salud psicosocial de la población mayor.

El Gobierno de Canarias manifiesta su rechazo “absoluto” al tratamiento del POSEI en el nuevo marco europeo

• El Consejo aprueba una declaración institucional en la que expresa su negativa al nuevo planteamiento de la Comisión Europea, el cual reduce el respaldo al sector primario del archipiélago al establecer modificaciones importantes en la PAC y en el principal programa de ayudas a la actividad agraria canaria

El Consejo de Gobierno celebrado hoy martes, 29 de julio, ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su rechazo “absoluto” ante la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, anunciado recientemente por la Comisión Europea, en la que también exige al órgano comunitario un planteamiento financiero justo, específico y adaptado a la realidad de Canarias. Este cambio total de paradigma supondría, según denuncia el Ejecutivo, la pérdida del estatus específico del Archipiélago y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP), que históricamente han contado con un reconocimiento diferenciado en las políticas agrarias europeas a través del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).

Según el planteamiento presentado por la Comisión Europea, este programa dejaría de contar con financiación predeterminada y pasaría a ser una intervención más dentro del futuro plan nacional, sin partida presupuestaria definida ni reconocimiento jurídico diferenciado. De esta forma el principal instrumento para equiparar a las RUP con el resto de regiones de la UE vería mermada su capacidad de impulsar la actividad agraria y apoyar las producciones locales en estos territorios europeos, condicionados por factores como la insularidad, la fragmentación territorial, así como su dependencia del exterior para el abastecimiento.

Hasta la actualidad, en el marco del POSEI y con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), Canarias ha contado con el respaldo europeo a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), destinado a paliar los costes del suministro de productos esenciales para el consumo humano y para la transformación y de insumos agrícolas, y mediante medidas de apoyo a la producción agrícola local, dirigidas a asegurar la producción y comercialización de estas producciones, atenuando los costes derivados de su condición de región ultraperiférica y asegurando así su competitividad.

Sin embargo, la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 compromete los objetivos que la UE ha impulsado a través del POSEI y el resto de instrumentos de protección al sector primario, como garantizar el suministro de los productos agrícolas esenciales para el consumo humano, y asegurar el desarrollo del sector agrario y la diversificación de cultivos.

Asimismo, en la declaración del Ejecutivo comunitario se alerta de la desaparición de fondos agrarios y pesqueros –el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA)- que serían sustituidos por un único instrumento multifuncional, que sería gestionado a través de un único plan nacional diseñado por cada Estado miembro y en el que se mezclan los objetivos de todas las áreas materiales de la política europea, más allá del ámbito agrario y pesquero.

Se critica que estas medidas diluirían los recursos destinados al sector primario en el ámbito de la Política Agraria Comunitaria (PAC), obligando a competir con otras áreas por la asignación de recursos económicos, lo que redundaría en una disminución de los fondos destinados a la política agrícola y pondría en riesgo la viabilidad de la actividad de muchos productores y productoras del sector primario de la UE, especialmente en el ámbito de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

En total, la UE cuenta con nueve territorios considerados RUP, en concreto Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), así como Azores y Madeira (Portugal), además de Canarias. Estas regiones aportan a la UE un territorio marítimo muy amplio, una mayor biodiversidad y una economía más variada, que abastece de productos agrícolas como plátanos, frutas tropicales y otras producciones. Asimismo, las RUP también representan un valioso activo en las relaciones comunitarias con los países vecinos no pertenecientes a la UE.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de Decreto de Turismo Activo

• La nueva norma regulará aspectos como la definición, los requisitos de las empresas o el profesional especializado, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias
• “Se trata de los últimos trámites antes de que la norma se apruebe definitivamente y que contará con un marco jurídico estable basado en el diálogo con todos los agentes implicados”, aseguró la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León

El Consejo de Gobierno acordó este martes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su aprobación definitiva.

El objetivo es actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aseguró que “se trata de los últimos trámites antes de que la norma se apruebe definitivamente y que contará con un marco jurídico estable basado en el diálogo con todos los agentes implicados, un sector que agrupa actualmente a más de 1.200 empresas en las islas y supone más de cuatro mil puestos de trabajo vinculados”.

Igualmente, recordó que “con esta nueva regulación se pretende no solo profesionalizar el sector incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino que también uno de los objetivos es evitar el intrusismo”. De León hizo hincapié también en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

Con carácter específico, se actualizará el catálogo orientativo de actividades de turismo activo y se establecerán requisitos para el ejercicio de la actividad relativos a la cualificación profesional, competencias y formación exigibles al personal técnico, monitores, instructores o guías de turismo activo. También se determinarán los procedimientos administrativos, que serán electrónicos, para comunicar el inicio, la modificación o el fin de la actividad laboral.