El Gobierno respalda la candidatura de La Palma y Tenerife para acoger el Centro Nacional de Vulcanología

• La propuesta, elaborada junto a los cabildos, será trasladada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, órgano encargado de coordinar el proceso estatal de selección

El Consejo de Gobierno, celebrado hoy miércoles 22 de octubre, ha aprobado el respaldo institucional a la candidatura presentada por el Ejecutivo autonómico para que Canarias albergue la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología. La iniciativa, desarrollada de manera conjunta con los cabildos de La Palma y Tenerife, plantea un modelo de gestión compartida entre ambas islas, con sede principal en La Palma y una subsede en Tenerife.

Con este acuerdo, el Gobierno culmina la fase autonómica del procedimiento y se pasará a remitir el expediente completo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, responsable de coordinar la fase estatal del proceso de selección.

La propuesta argumenta la idoneidad del archipiélago como territorio volcánico activo, con una sólida experiencia en la gestión del riesgo, un ecosistema científico consolidado y una estructura de cooperación institucional que garantiza la viabilidad del proyecto.

El expediente incorpora la relación de infraestructuras científicas y técnicas disponibles, los equipos de investigación vinculados al ámbito de la vulcanología y un modelo de gobernanza que refuerza el compromiso de Canarias con la ciencia, la prevención y la colaboración entre administraciones.

Bienestar Social refuerza la atención a las mujeres víctimas de violencia con una inversión de más de 100.000 euros

• La financiación está dirigida a los Centros de Crisis 24 horas, que ofrecen acompañamiento y asesoramiento tras una agresión sexual
• Desde su puesta en funcionamiento, en mayo de este año, se ha atendido a 321 personas en los cinco recursos ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno destinar un total de 103.575,97 euros para financiar la gestión de los Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Este servicio de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ofrece acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, 24 horas del día a todas aquellas mujeres, familiares o entorno de aquellas que hayan sufrido alguna agresión sexual, facilitando servicios de atención psicológica, jurídica y social. Canarias cuenta con cinco centros de este tipo de centros, que están ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) puso en marcha los Centros de Crisis de 24 horas el pasado mes de mayo con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) y los gestiona a través de la Fundación IDEO, a la que realiza las transferencias oportunas para su correcto funcionamiento. Así, hasta septiembre ha atendido a 321 personas, de las cuales 233 son mujeres mayores, 33 mujeres menores y 55 familiares.

Los Centros de Crisis 24 horas son espacios seguros, libre de juicios y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde las personas reciben apoyo inmediato y acompañamiento profesional. Los centros están diseñados para abordar las complejas consecuencias de la violencia sexual, proporcionando un entorno de confianza en el que se respeta siempre la voluntad de las personas usuarias. Los centros de crisis 24 horas se suman a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.

El Gobierno de Canarias suma otros 500.000 euros al impulso del planeamiento municipal

• La Consejería de Política Territorial lleva a cabo una modificación presupuestaria para ampliar hasta los 2,8 millones las subvenciones a los ayuntamientos para actualizar sus instrumentos de planeamiento
• La mayoría de los municipios beneficiados en la primera convocatoria son municipios afectados por el reto demográfico que cuentan con menos de 10.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado hoy vía libre a una modificación presupuestaria que permitirá destinar 500.000 euros extras a impulsar el planeamiento municipal. Esta cantidad se suma a la convocatoria de subvenciones ya resuelta de 2,3 millones de euros y permitirá destinar este año un total de 2,8 millones de euros a que los ayuntamientos actualicen sus instrumentos de ordenación.

La convocatoria inicial, cuya resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado lunes, benefició a un total de 15 municipios de las islas, de los que la mayoría -un total de 14- son considerados municipios reto, es decir, de menos de 10.000 habitantes. Gracias esta modificación presupuestaria, que ha sido tramitada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se podrá realizar una nueva convocatoria de subvenciones que, según los primeros cálculos, beneficiará a una decena de ayuntamientos de toda Canarias, aunque esta cantidad dependerá de los baremos que se aplican en la adjudicación.

El responsable de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó la importancia de estas subvenciones, “pues son una ayuda fundamental para que los ayuntamientos puedan materializar su ordenación territorial, sobre todo para aquellos que disponen de menos recursos humanos y materiales para acometerlo con medios propios”.

Asimismo, Miranda recalcó que la apuesta del Gobierno por impulsar el planeamiento municipal ya está “consolidada” y anunció que el Ejecutivo “mantendrá en el tiempo el apoyo a los municipios para garantizar su desarrollo”.

Precisamente, el pasado lunes se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial por la que se adjudicaron las subvenciones de este año. Los ayuntamientos beneficiados han sido Arafo (Tenerife), Tijarafe (La Palma), Valle Gran Rey (La Gomera), Vilaflor (Tenerife), La Frontera (El Hierro), Fuencaliente (La Palma), El Tanque (Tenerife), Los Silos (Tenerife), El Pinar (El Hierro), La Matanza de Acentejo (Tenerife), Vega de San Mateo (Gran Canaria), El Paso (La Palma) y Santiago del Teide (Tenerife), que es el único de los quince municipios que supera los 10.000 habitantes.

Tanto la primera convocatoria como la que se va a realizar ahora incorporan criterios para favorecer a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que suelen disponer de menos personal, y que es una de las medidas “detectadas como necesarias por los integrantes de las mesas técnicas que han analizado el reto demográfico en Canarias durante los últimos meses”, señaló Miranda.

El Gobierno destina 700.000 euros este año a impulsar la obra del laminador de la depuradora de Puerto del Rosario

• El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informa de que esta obra se complementará con la de ampliación de la depuradora, que será licitada en breve

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria por importe de 700.000 euros que permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hacer frente a la obra de culminación del depósito laminador de Puerto del Rosario. Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Aguas, es complementario al de la ampliación de la depuradora, que está actualizando este departamento autonómico.

El consejero del área, Manuel Miranda, explica que el depósito laminador vinculado a la depuradora de Puerto del Rosario es un proyecto que “permitirá la regulación diaria de los caudales de aguas residuales que llegan a la depuradora, evitará que se produzcan vertidos cuando la cantidad de agua supera la capacidad de la instalación y conseguirá también el máximo aprovechamiento de las aguas depuradas para su reutilización”.

Miranda recuerda que el proyecto ha sufrido diferentes problemas durante su ejecución que su departamento ha ido sorteando. “Este año hemos logrado desbloquearlo y ahora procedemos a culminarlo, siempre en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura y su Consejo Insular de Aguas”.

Las obras supondrán la finalización de la ejecución de dos grandes vasos reguladores, con sus instalaciones de tratamiento y regulación que, junto con la ampliación que se iniciará en breve, aumentará la capacidad final total de tratamiento de la planta depuradora hasta los 6.000 metros cúbicos al día.

Estas actuaciones mejorarán la calidad del agua regenerada resultante de cara a su reutilización en la agricultura. Manuel Miranda destacó el grado de colaboración con el Consejo Insular de Aguas y el propio Ayuntamiento, “lo que nos ha permitido impulsar tanto la culminación de este depósito laminador, como la actualización del proyecto de ampliación de la depuradora”.

Los trabajos del deposito laminador culminarán en 2026, mientras que la ampliación de la estación depuradora tendrá un plazo de ejecución de alrededor de 20 meses, una vez que se licite.

Canarias presentará un requerimiento previo al Estado por el nuevo Real Decreto que regula la creación de universidades

• El Ejecutivo da este paso tras no recibir respuesta a las alegaciones remitidas en abril, en las que advertía que la norma ignora la realidad archipielágica y las singularidades poblacionales del territorio canario

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, el acuerdo para presentar un requerimiento previo al gobierno central frente al nuevo Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que modifica la normativa sobre la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios.

Esta decisión se adopta después de que el Estado no haya atendido ni respondido las alegaciones formuladas por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril, cuando la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura advirtió de que el texto vulnera competencias autonómicas y no reconoce la realidad archipielágica ni la especificidad poblacional de Canarias, tal y como contemplan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El Ejecutivo recuerda que, en su documento de alegaciones, Canarias ya había advertido de que varios de los requisitos incluidos en la nueva norma, como la fijación de un número mínimo de estudiantes en los primeros años de funcionamiento, la obligación de ofertar titulaciones en distintas ramas de conocimiento o la imposición de contar con alojamiento para parte del estudiantado, resultan discriminatorios para territorios fragmentados y con menor densidad demográfica, como Canarias.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que “el Estado no puede legislar como si todos los territorios compartieran las mismas condiciones geográficas, poblacionales o económicas. Canarias es un archipiélago, con un sistema universitario distribuido y con realidades muy distintas entre islas. Ignorar esa circunstancia supone desconocer nuestra singularidad y poner en riesgo los principios de equilibrio y cohesión territorial”.

Machín recuerda que Canarias “siempre ha mostrado su disposición a colaborar con el Estado en todas las iniciativas que fortalezcan el sistema universitario canario, pero dentro del respeto al marco competencial y al modelo descentralizado que reconoce la diversidad territorial”. En esa línea, añade que “este requerimiento no es un gesto de confrontación, sino una defensa legítima del autogobierno y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior”.

El Gobierno de Canarias también advierte de que el nuevo Real Decreto plantea un riesgo de invasión competencial al pretender otorgar carácter vinculante a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluso en comunidades que cuentan con agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR). En el caso de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) dispone de ese reconocimiento europeo, lo que acredita su solvencia técnica y su plena capacidad para evaluar programas e instituciones universitarias conforme a los estándares internacionales del Espacio Europeo de Educación Superior.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.