• El objetivo es construir un edificio de Terapias Avanzadas en el que ubicará dos equipamientos estratégicos para la atención al cáncer, como son la protonterapia y el ciclotrón y sus laboratorios

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la Declaración de Interés General para la parcela anexa al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín en la que se ha previsto la construcción de un edificio que permitirá la ampliación del centro hospitalario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Se trata de una parcela que albergará el edificio de Terapias Avanzadas en el que se instalarán dos de los equipamientos estratégicos para el Servicio Canario de la Salud, como son la instalación de un equipo de protonterapia y de un ciclotrón y sus laboratorios asociados.

La Prontonterapia es una tecnología de última generación, inexistente actualmente en las islas, que se utiliza para el tratamiento de determinados tipos de cáncer y que sólo está disponible en dos centros privados de España. Canarias dispondrá de este equipamiento como una de las siete comunidades autónomas beneficiarias del convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega Gaona lo que nos permitirá disponer de equipos de radioterapia de protones para el tratamiento de determinados tipos de cáncer. En total, la Fundación Amancio Ortega ha donado diez equipos de Protonterapia a siete CCAA y Canarias es una de ellas.

En coordinación con la Fundación Amancio Ortega Gaona, el Servicio Canario de la Salud ha dado los pasos necesarios para disponer de la protonterapia en Canarias. Para ello, se está ya en fase de redacción del proyecto para poder licitar la construcción del edificio, entre otras actuaciones prioritarias.

El Gobierno de Canarias aprueba 1.132,4 millones de euros para los convenios de dependencia en el período 2025-2028

• La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, califica el hecho como histórico al poner la atención a las personas en el centro de la acción del Ejecutivo
• Con la aportación de los Cabildos insulares, el total de la inversión en el sistema de la dependencia en el Archipiélago alcanza los 1.602 millones de euros

El Gobierno de Canarias aprobó hoy una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en Las Islas durante el período 2025-2028. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los Cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “estamos cumpliendo uno de los compromisos que nuestro presidente, Fernando Clavijo, fijó al inicio de la legislatura, como es atender a las personas y ponerlas en el centro de nuestra acción. Estamos atendiendo una deuda histórica que tiene también muy en cuenta al tercer sector, asegurando la estabilidad, unas reglas comunes y una financiación cierta para la red de atención a la dependencia y la discapacidad en todas las islas. Además, la cuantía aprobada contempla el compromiso de sostener todos los servicios previstos con precios actualizados y con carácter retroactivo a enero de este año”.

Delgado indicó que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector y estamos, sin duda, en un día histórico porque cumplimos con los planteamientos que nos habíamos trazado en materia de igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

Además, los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. De igual forma, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

El Gobierno aprueba el nuevo decreto de protección de la atmósfera para modernizar y reforzar el control de emisiones en el Archipiélago

• La nueva norma adapta la prevención y el control de emisiones en Canarias conforme a la legislación estatal y europea con el objetivo de reforzar la protección de la atmósfera, contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir riesgos para la salud pública
• El decreto moderniza la normativa ambiental actual revisando los procedimientos de autorizaciones, controles inspecciones y obligaciones vinculadas a las emisiones atmosféricas en instalaciones industriales y otras actividades que puedan afectar a la atmósfera

El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba hoy, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H.Zapata, el nuevo Decreto de Protección de la Atmósfera. Una normativa que actualiza por completo el marco regulador vigente y que permitirá aplicar, de forma adecuada en las islas, la legislación estatal en materia de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Su objetivo principal es reforzar la protección de la atmósfera, contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir riesgos para la salud pública. Con ello, Canarias adapta plenamente sus procedimientos, moderniza su estructura administrativa y actualiza la normativa relativa a la autorización y notificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que deberán tramitarse a través de un sistema digitalizado y simplificado.

El nuevo decreto establece el marco necesario para regular autorizaciones, controles, inspecciones y obligaciones vinculadas a las emisiones atmosféricas en instalaciones industriales y otras actividades que puedan afectar al aire.

El texto aprobado no supone un incremento de cargas económicas para las empresas, ya que mantiene las obligaciones establecidas en la normativa estatal y no genera impacto en los ingresos o gastos de la Administración autonómica ni del resto de Administraciones públicas.

De esta manera, el Archipiélago se alinea con la normativa básica estatal y europea, garantizando mayor seguridad jurídica y un control más eficaz sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Simplificación administrativa y buena regulación

El nuevo decreto introduce mejoras orientadas a la simplificación administrativa, como la tramitación íntegramente telemática, la utilización de declaraciones responsables y el intercambio de datos entre administraciones para reducir cargas burocráticas

Un paso decisivo para reforzar la mejora de la calidad del aire en Canarias

La aprobación del decreto se integra dentro de la estrategia del Gobierno para contribuir a la mejora de la calidad del aire, un ámbito crítico en un contexto marcado por el cambio climático y por episodios cada vez más intensos de calima, incendios forestales o fenómenos atmosféricos extremos.

Ante esta realidad, el Gobierno de Canarias está llevando a cabo una atención prioritaria en la evaluación y gestión de la calidad del aire, de acuerdo con la normativa vigente, aplicando los sistemas de gestión de la calidad necesarios, implementando sistemas avanzados de información y alerta temprana, garantizando una buena medición de la calidad del aire para los ciudadanos e incorporando medidas como las de este decreto en materia de un mayor control sobre las emisiones contaminantes.

El Gobierno avanza la tramitación de una nueva instalación de emergencia en Tenerife para evitar apagones

• El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno de España con 24 millones y con una potencia de 18 MW, es modular, provisional y complementario de otros proyectos en la isla
• Esta planta, gestionada por Sampol y ubicada en suelo industrial en el Puerto de Santa Cruz, solo funcionará en momentos críticos para garantizar el suministro, formando parte del plan de emergencia energética para cubrir el déficit de potencia actual de 268 MW en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura
• La reciente resolución provisional del concurso ordinario para renovar los grupos de generación en Canarias, publicado por el Ministerio garantiza que estas plantas sean solo un apoyo temporal mientras llega la nueva generación

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ha acordado avanzar en la tramitación de la tercera planta de generación de emergencia de la isla de Tenerife. Todo ello, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y prevenir posibles apagones, tras la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación, que se ubicará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, será gestionada por la empresa SAMPOL y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 24 millones de euros.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrán hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio resuelva definitivamente el concurso de concurrencia para ello.

Esta medida se ha diseñado de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria.

Con esto, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación (268 MW): Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Este es un paso más en el trámite administrativo de la instalación, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

Esta planta se suma así a las otras tres instalaciones de generación de emergencia ya autorizadas en Tenerife (La Campana, Los Realejos y Granadilla) y a las dos de la isla de Fuerteventura, ambas en la zona de La Herradura.

Es importante subrayar que el procedimiento ordinario de adjudicación para la nueva generación eléctrica en Canarias continúa su curso con la resolución provisional ya publicada por el Ministerio, garantizando así la transición hacia un sistema renovado y estable en el futuro próximo.

En este contexto, las plantas de emergencia aprobadas se configuran como una solución provisional y acotada en el tiempo, cuyo papel es asegurar la cobertura energética únicamente hasta que las instalaciones definitivas resultantes del concurso entren en funcionamiento.

Unas medidas provisionales y seguras

La instalación se ubicará en el Dique del Este, en una parcela de aproximadamente 4.300 metros cuadrados propiedad de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La infraestructura contará con una potencia total de 18 MW y estará formada por diez grupos de generación de 1,8 MW cada uno. La planta ha sido diseñada específicamente para facilitar su montaje y desmontaje, de acuerdo con su naturaleza excepcional y su carácter temporal.

Para la evacuación de la energía producida, se proyecta una línea subterránea de aproximadamente 800 metros de longitud, que discurrirá íntegramente por el interior de la zona portuaria hasta su conexión con la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Dique del Este.

Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Tenerife, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (REE) es de 80 MW, esta instalación, junto a la de La Campana, Realejos y Granadilla, darán una cobertura de 60 MW de potencia, lo que equivale al 75 % del déficit de la isla, señalado por el operador del sistema (Red Eléctrica). A estas infraestructuras se sumará otra instalación, que permitirá cubrir el 94% del déficit de la isla.

Bienestar Social dotará a Canarias de una nueva ley de Voluntariado acorde a los desafíos y retos del siglo XXI

• La nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 1998, busca promover y fomentar la participación social de la ciudadanía, regular los requisitos de las entidades de voluntariado y las competencias de entidades y administraciones en esta materia

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley del Voluntariado de Canarias.

Además, ha presentado propuesta para que se acuerde en su tramitación la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.

Según ha explicado la consejera regional del área, Candelaria Delgado, "con esta herramienta legislativa se pretende que Canarias cuente con una ley que regule y promueva la participación activa de la ciudadanía, adaptándola a la realidad y los desafíos del siglo XXI". La actual de ley de Voluntariado data de 1998.

"Este proceso exige una modificación sustancial de la ley de Voluntariado en nuestra comunidad, como vehículo que promueva y fomente la participación ciudadana y actúe como motor del desarrollo social en nuestras islas", enfatizó Delgado.

Entre los objetivos que se busca alcanzar con esta iniciativa legislativa, se encuentran promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en intervenciones sociales realizadas a través de entidades no lucrativas y voluntariado, dentro y fuera del territorio canario. Se incluye asimismo la definición de la actividad, así como la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria en todos sus ámbitos; fijar los requisitos que deben reunir las entidades de voluntariado y el régimen jurídico de sus relaciones con las personas voluntarias y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado. Se propone determinar las funciones de la Administración Públicas Canarias en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado, así como regular sus relaciones con las entidades que desarrollen actividades de voluntariado y las personas voluntarias que colaboren en su ejecución.

Los valores y principios que deben inspirar la acción voluntaria son los de la libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria; la participación como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria y la solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromisos cotidianos.

Además, se promueve en esta ley la eliminación de injusticias y desigualdades, además de la complementariedad respecto a las actuaciones de las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del voluntariado. Al mismo tiempo, se impulsa la autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones, la gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material y la eficiencia, que busca la optimización de los recursos.

Todos estos valores, se enmarcan en los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad, tal y como ha demostrado ser la canaria. Estos principios contribuyen a la equidad, la justicia, la cohesión social y el desarrollo de la corresponsabilidad y los valores democráticos.

Canarias impulsa la reforma de la ley de participación de personas mayores vigente desde 1996

• La propuesta de reforma busca establecer un marco jurídico integral que dé garantía a la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa del colectivo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. Además, propone la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas afectadas por la iniciativa legislativa.

"Se hace necesaria una reforma legislativa que tome en consideración no solo los cambios normativos operados en los últimos años sino también la experiencia y buenas prácticas obtenidas desde la entrada de vigor de la ley en Canarias, en otras comunidades autónomas y en otras partes de Europa", explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien aclara que "esta modificación legal tiene por objeto establecer un marco jurídico integral que garantice los derechos fundamentales, la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa, la inclusión plena y la protección integral de las personas mayores en Canarias".

La iniciativa incorpora los principios generales básicos de legalidad, de igualdad sustantiva y no discriminación por edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o cultural, condición socioeconómica o territorial, así como la accesibilidad universal, la equidad interterritorial e insular, la participación activa y deliberativa, la solidaridad intergeneracional, la cohesión social y el enfoque de derechos. como principios generales básicos.

Entre sus objetivos, la propuesta contempla reconocer y garantizar el ejercicio efectivo y justiciable de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores; establecer las bases para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas coherentes, inclusivas, accesibles y sostenibles, orientadas al bienestar, la protección y la participación de las personas mayores. Se pretende con esta norma consolidar un modelo de atención centrado en la persona, que promueva la autonomía, el envejecimiento activo en el entorno habitual elegido y los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica. Asimismo, la norma fomentará la corresponsabilidad institucional, comunitaria y social en la atención y acompañamiento, así como el reconocimiento recíproco y la solidaridad entre generaciones como eje vertebrador de la cohesión social.

Por otra parte, se busca garantizar condiciones de accesibilidad universal, equidad territorial, calidad, seguridad y calidez en la provisión de servicios, centros y recursos, públicos o concertados, destinados a la atención, cuidado o inclusión social de las personas mayores; prevenir, detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación por edad, violencia institucional, soledad no deseada, exclusión social, abuso económico o patrimonial, mediante medidas jurídicas, sociales y comunitarias específicas y regular un sistema público de evaluación, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas, servicios, recursos y resultados dirigidos a las personas mayores, con participación efectiva de estas y de sus organizaciones representativas.

El Gobierno canario amplía en 400.000 euros la financiación de las ayudas de la renta ciudadana

• En la actualidad, en torno a unos 13.000 hogares son perceptores de esta ayuda, con una inversión de más de 106,1 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, realizar una modificación de líneas de crédito que supone ampliar la partida financiera correspondientes a las Ayudas de integración social-Renta ciudadana, por un importe de 400.000 euros.

La modificación de la línea de crédito se realiza desde el Plan Concertado de Prestaciones Sociales, dentro de la subvención nominativa concedida a la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destinada al desarrollo del Programa de lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales, a la línea de financiación de la Renta de ciudadanía.

En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de ciudadanía a casi 13.000 hogares, para lo que se ha destinado en 2025 una partida de más de 106,1 millones de euros.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.

El Gobierno eleva al Parlamento el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual

• El Ejecutivo cumple su compromiso de redactar un nuevo texto legislativo tras un proceso de escucha de más de año y medio que concluye con informes favorables del CES y del Consejo Consultivo

• El proyecto de Ley tiene como objeto regular la asunción del servicio público por la comunidad autónoma, la atribución de su prestación al ente público RTVC y a la sociedad prestadora del servicio

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la reunión celebrada este miércoles el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias. El texto normativo será elevado ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación definitiva en los próximos meses.

El proyecto de ley tiene por objeto regular la asunción, atribución, prestación y control del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se estructura en cuatro títulos, cuarenta y cuatro artículos, nueve disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Su aprobación supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a principios de la legislatura, cuando anunció la redacción de un nuevo marco normativo que otorgara mayor solidez y garantías de operatividad al servicio público audiovisual que prestan la televisión y la radio autonómica.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias tras un largo proceso de escucha y cumpliendo todo el proceso reglado. La tramitación de esta iniciativa legislativa comenzó el 4 marzo 2024 cuando el Ejecutivo dio luz verde al Informe sobre su oportunidad, objetivos y principios generales. Tras recabar los informes departamentales, el pasado 20 de enero se sometió al trámite de exposición pública con un plazo para presentar alegaciones que finalizó el pasado 14 de febrero.

El texto legislativo cuenta asimismo con el preceptivo informe favorable del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) emitido el 29 de septiembre y del Consejo Consultivo que aprobó su dictamen el 25 de noviembre.

Además, el Gobierno mantuvo una reunión este martes con representantes del sindicato mayoritario de la Televisión Pública en la que se acordaron dos cambios no sustanciales en el proyecto de ley en respuesta las demandas expresadas por los trabajadores. En primer lugar, el apartado 3 del artículo 35 del proyecto de Ley indica que “no podrá cederse a terceros la producción y edición de programas informativos”.

También se ha modificado la redacción de la disposición adicional séptima de manera que indica que “la subrogación del personal operada al amparo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre mantendrá su vigencia a menos que, con ocasión de futuras licitaciones de contratación, se opere, en su caso, la subrogación obligatoria, por el/los adjudicatario/s de tales licitaciones, en todas o parte de las relaciones laborales objeto de aquella subrogación provisional, y siempre y cuando tal previsión de subrogación del adjudicatario o adjudicatarios”.

Según explicó el portavoz del Gobierno en rueda de prensa, el proyecto de Ley tiene como objeto regular la asunción del servicio público por la Comunidad Autónoma de Canarias, la atribución de su prestación al ente público RTVC y a la sociedad prestadora del servicio, además de establecer las líneas básicas de prestación del servicio y asegurar su control externo, conforme a lo que establece la normativa europea a través del Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación), y la normativa básica estatal aplicable, esto es, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Alfonso Cabello indicó en este sentido que el Gobierno ha adaptado el texto legislativo al nuevo marco regulatorio estatal y europeo y a la transformación experimentada en estos años por el sector audiovisual.

Superar la parálisis

Además, el portavoz destacó la necesidad de suplir los defectos que la Ley 13/2014 en vigor “ha evidenciado desde su aprobación” para “articular un sistema regular de gestión del servicio público y su control parlamentario”. Con la nueva norma se pretende superar la situación de bloqueo institucional por la inoperatividad de la actual ley a la hora de fijar los mecanismos de elección de los órganos directivos y de fijación de las directrices de prestación del servicio.

Cabello recordó que la Ley que ahora se propone actualizar ha sido objeto de siete modificaciones legislativas, además de obligar al Gobierno a aprobar cuatro decretos ley en un intervalo de 4 años a fin de suplir con carácter transitorio la situación de bloqueo institucional que su redacción ha originado.

Tras once años de vida, ningunos de los órganos previstos en la actual normativa han sido aprobados por el Parlamento, dejando al ente público “despojado de los más elementales elementos operativos”, una situación que Cabello dijo que es preciso resolver. Tampoco en diez años, la Cámara autonómica ha sido capaz de aprobar un Mandato Marco que ordene los criterios generales y la toma de decisiones determinantes para la prestación del servicio.

A la vista de esta parálisis, el Gobierno de Canarias considera necesaria la aprobación de una nueva regulación que permita garantizar, de forma ordinaria y permanente, la prestación del servicio público y el ejercicio de derechos fundamentales imbricados en dicha prestación.

Según explicó el portavoz del Gobierno, la Ley de 2014 “no ha cumplido ni con las expectativas ni con las necesidades”, por lo que es necesario contar con un nuevo texto legislativo. “Un servicio público tan importante como es el de la comunicación pública no puede estar dependiendo de constantes parches para salvar los distintos obstáculos que surgen a causa de la ausencia de Mandato Marco o porque no están contemplados por la ley”, manifestó tras subrayar que la Radio Televisión Canaria necesita una ley que le proporcione seguridad jurídica y operatividad para afrontar los retos que la evolución tecnológica trae consigo.

Alfonso Cabello ha recodado además que “otros medios de comunicación públicos autonómicos también han acometido o están en proceso de aprobación de nuevas normas”, para adaptarse a lo que requiere la actualidad. Por ejemplo, así lo ha hecho el Estado con la modificación en Consejo de Ministros de la norma para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE alegando la mejora de su operatividad y la situación de interinidad.

El Gobierno refuerza la innovación en Emergencias con dos millones para proyectos en el Parque Tecnológico de Fuerteventura

• El Consejo da el visto bueno a una ampliación presupuestaria apoyar el desarrollo de plataformas áreas no tripuladas que mejoran la prevención, detección y soporte de la gestión de las Emergencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una ampliación del presupuesto para conceder una subvención de dos millones de euros al Parque Tecnológico de Fuerteventura con el objetivo de apoyar proyectos innovadores relacionados con la gestión de las Emergencias. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, pretende dar cobertura tanto a parte del material necesario para el Edificio Polivalente, como a alguno de los proyectos que éste alberga, según ha explicado el responsable de la citada área autonómica, Manuel Miranda.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura, de carácter público y propiedad del Cabildo Insular de esta isla, tiene en marcha diferentes proyectos para el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas que, combinadas con otras fuentes de datos, posibiliten a las instituciones públicas con competencia en materia de emergencias, mejorar su gestión en todas sus fases: prevención, detección, soporte durante el desarrollo y evaluación de daños.

Estos proyectos también pueden mejorar la gestión en ámbitos como el del medio ambiente (control de masas forestales, de corrientes o episodios de contaminación en el océano…) o la seguridad de las personas, en fenómenos como la inmigración.

Manuel Miranda ha destacado el trabajo que se realiza en este Parque Tecnológico en dos sentidos. El primero, porque “refuerza la apuesta del Gobierno de Canarias por aplicar nuevos modelos tecnológicos e innovadores a la gestión de emergencias”. “La combinación de los mejores profesionales, con las soluciones innovadoras de última generación”, ha añadido, “son la base de un sistema público de emergencias de primer nivel, como es el de nuestro Archipiélago”.

Por otro lado, el consejero ha querido destacar el valor del trabajo que se realiza en dicho espacio, recientemente avalado por la directora general de Emergencias del Estado, Virginia Barcones, durante una visita realizada a sus instalaciones. “El trabajo que allí se realiza”, ha dicho Miranda, “sitúa a Fuerteventura y Canarias a la cabeza de la innovación y la ciencia que se hace en España en el ámbito aeroespacial”. Las soluciones que se desarrollan en este Parque Tecnológico “no solo contribuyen a mejorar el sistema público de protección civil de Canarias, sino que cooperan ya con el impulso de los mismos sistemas en otras comunidades autónomas del país, como son los casos, entre otros, de Castilla y León o Galicia”, ha concluido.

El Gobierno refuerza con un millón de euros la ayuda a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible

• Esta iniciativa permitirá incrementar la financiación de proyectos municipales orientados a una movilidad más sostenible y eficiente

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado, durante la sesión celebrada esta tarde, la declaración de razones de coyuntura económica para tramitar una ampliación de crédito de un millón de euros destinada a reforzar las subvenciones a los planes de movilidad urbana sostenible en el archipiélago.

Esta ampliación se articula mediante una baja en créditos del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, con el objetivo de incrementar la dotación de la aplicación presupuestaria correspondiente al proyecto de inversión “Subvenciones planes de movilidad urbana sostenible”. La medida permitirá atender un mayor número de actuaciones orientadas a transformar el modelo de movilidad en los municipios de Canarias, apostando por desplazamientos más eficientes, seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Con esta decisión, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con una movilidad sostenible, accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía, impulsando proyectos que favorezcan la reducción de emisiones, la mejora del espacio público y el fomento del transporte alternativo al vehículo privado.

Esta ampliación de crédito se enmarca en la misma iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias en los últimos meses, que incluye la aprobación de las bases reguladoras para que los cabildos insulares desarrollen infraestructuras de transporte intermodal sostenibles y la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con cerca de 15 millones de euros para promover proyectos de movilidad intermodal en el Archipiélago.

Desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se subraya que estas políticas públicas son fundamentales para avanzar hacia un modelo de movilidad más moderno y alineado con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica que marca Europa.

El Gobierno de Canarias autoriza la transferencia de 90.000 euros para la mejora de la LP-1 entre Amagar y Tijarafe

• El Ejecutivo autonómico incrementa el crédito destinado al Cabildo de La Palma para reforzar esta infraestructura viaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado, durante la sesión celebrada esta tarde, la transferencia de crédito por un importe de 90.000 euros para incrementar la dotación presupuestaria destinada a la mejora de la carretera LP-1, en el tramo comprendido entre Amagar y Tijarafe, en la isla de La Palma.

Esta autorización permitirá, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, reforzar la financiación destinada al Cabildo de La Palma para avanzar en la redacción del proyecto técnico, un paso imprescindible para garantizar la correcta ejecución de esta actuación estratégica.

La necesidad de este proyecto responde a las características singulares de este tramo de vía, que discurre por una pequeña urbe integrada en una carretera de montaña, estrecha y con importantes limitaciones, lo que hace imprescindible intervenir en aspectos clave como la mejora del radio de giro de curvas, la estabilización y contención de taludes, así como la ejecución de obras de drenaje, necesarias ante la elevada frecuencia de desprendimientos que se registran en la zona.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias de La Palma, contribuyendo a una mayor seguridad en la circulación, a una movilidad más eficiente y al fortalecimiento de la conectividad entre los municipios del noroeste de la isla, en una vía clave para la cohesión territorial y el desarrollo socioeconómico de esta comarca.

El Gobierno destina 100.000 euros al sector pesquero de Tazacorte para compensar las pérdidas por la erupción volcánica

• El Consejo acuerda la declaración de coyuntura económica para reforzar las medidas de apoyo a la flota costera artesanal del municipio palmero y paliar la pérdida de caladeros tras la llegada de coladas al mar

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 10 de diciembre, la declaración de coyuntura económica para la concesión de ayudas directas al sector pesquero de Tazacorte por importe 100.501 euros con el objetivo de compensar las pérdidas de caladeros derivadas de la erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021, que produjo una alteración profunda y localizada de los ecosistemas costeros en el litoral occidental de La Palma.

Antes de la erupción, la flota costera artesanal con puerto base en Tazacorte explotaba un mosaico de caladeros de alto valor ecológico y económico, sustentado en pelágicos costeros, tales como sardinas, caballas, chicharros; especies demersales de fondos rocosos como viejas, samas, bocinegros, meros, cabrillas; y cefalópodos e invertebrados litorales como el pulpo, chocos, lapas o burgados.

Esta desaparición o degradación de parte de estos caladeros, unida a las restricciones de seguridad, determinó la paralización de la actividad de dicha flota en la zona directamente afectada, así como la necesidad de desplazar el esfuerzo pesquero a áreas más alejadas, con incremento de costes e incertidumbre en los rendimientos.

Los seguimientos científicos posteriores han puesto de manifiesto una recuperación ecológica relativamente rápida pero aún incompleta en las nuevas fajanas, con procesos de recolonización en curso y una estructura de recursos que sigue siendo frágil, especialmente en el caso de especies de crecimiento lento.

En este contexto, la situación de los recursos pesqueros y de los caladeros tradicionales de Tazacorte continúa marcada por los efectos de la erupción, lo que justifica el mantenimiento de medidas específicas de apoyo a la flota costera artesanal y a su cofradía, orientadas tanto a la estabilidad socioeconómica del sector como a la gestión sostenible de los recursos marinos afectados.

El Gobierno destina 490.000 euros en ayudas al sector atunero para compensar la reducción en las capturas

• El Consejo acuerda la declaración de coyuntura económica para la aprobación del crédito destinado a compensar la disminución de la disponibilidad de atún en las zonas de pesca autorizadas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 10 de diciembre, la declaración de razones de coyuntura económica para la concesión de ayudas directas al sector atunero de Canarias mediante una ampliación de crédito por importe de 490.487 euros con el objetivo de reducir el impacto de la merma de las capturas debido a factores externos a las empresas armadoras.

Entre las razones que explican la disminución de estas capturas hasta situarse en niveles notablemente inferiores a los registros históricos y a la media esperada para esta pesquería destaca, principalmente, las variaciones ambientales y biológicas, como cambios en la temperatura del agua, alteraciones en las corrientes oceánicas y desplazamientos atípicos de los bancos de peces, que han reducido la disponibilidad de atún en las zonas de pesca autorizadas.

Asimismo, el sector se ha enfrentado a limitaciones derivadas de la gestión pesquera, incluidas las restricciones de cuotas existentes y zonas temporalmente cerradas, que han condicionado el acceso a las áreas tradicionalmente más productivas.

Todo ello, además, en un contexto de incremento de los costes operativos, especialmente en combustible y mantenimiento, que no han podido ser compensados con la venta de producto debido al bajo volumen de capturas.

La reducción extraordinaria de las capturas genera un importante impacto económico y social a través de la reducción sustancial en los ingresos de las embarcaciones, lo que dificulta la cobertura de los costes fijos de explotación y genera tensiones de liquidez. Todo ello pone en riesgo la viabilidad de la actividad, afectando directamente al empleo vinculado a la embarcación y a las familias dependientes de estos ingresos.